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3° Juzgado de Letras de La Serena condena a médico cirujano que causó infertilidad de paciente

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El Tercer Juzgado de Letras de La Serena condenó a médico cirujano a pagar una indemnización de perjuicios a paciente que sufrió rotura uterina e intestinal por intervención de legrado practicada por el profesional en diciembre de 2015.

En el fallo, la magistrada Cecilia Rojas Nogerol acogió la demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad contractual, condenando al facultativo a pagar a la víctima la suma de $3.939.851 (tres millones novecientos treinta mil ochocientos cincuenta y un pesos) por daño emergente, y $50.000.000 (cincuenta millones de pesos) por daño moral.

“El demandado no acreditó con la prueba rendida el cumplimiento de sus obligaciones contractuales; específicamente, que haya realizado el legrado uterino conforme a la lex artis médica y que haya informado a la paciente que la rotura del útero y del intestino delgado fuera un riesgo connatural o propio del procedimiento”, sostiene el fallo.

La resolución agrega que: “parece fundado razonar que de no ser por las lesiones experimentadas con el vaciamiento uterino, la actora no habría incurrido en los gastos referidos. Así, ellos constituyen un detrimento efectivo en el patrimonio de la demandante y son una consecuencia directa del incumplimiento contractual del demandado, por lo que procede su indemnización”.

“(…) al dolor y aflicción inmaterial cabe agregar que las lesiones experimentadas (…) a consecuencia del legrado, y la serie de cirugías a las que tuvo que someterse con el fin de paliar las secuelas físicas de la rotura uterina e intestinal -cuyo resultado fue la extirpación de sus trompas de falopio y su consecuente infertilidad-, permiten a esta sentenciadora presumir fundadamente, según lo dispuesto en el artículo 426 del Código de Procedimiento Civil, que esto causó en ella el dolor físico y los padecimientos y malestares propios de este tipo de intervenciones quirúrgicas; sumado a las dolencias propias de la recuperación”, concluye.

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Corte de La Serena rechaza recurso de protección por cobro de mensualidades en colegio Gerónimo Rendic

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La Corte de Apelaciones de La Serena rechazó el recurso de protección interpuesto por apoderados en contra el Colegio Gerónimo Rendic de la ciudad, quienes solicitaban una rebaja proporcional en el pago de las mensualidades durante el tiempo se mantenga la pandemia de covid-19.

En fallo unánime (causa rol 508-2020), la Segunda Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Marta Maldonado, Christian Le-Cerf y Caroline Turner– rechazó la acción deducida tras establecer que no existe garantía constitucional afectada.

“El recurso de protección fue rechazado toda vez que se estimó que aquella materia no es una que deba ser resuelta a través de la vía extraordinaria del recurso de protección, que es una medida de carácter urgente cautelar, sino que debe ser resuelta a través de un juicio de lato conocimiento, donde las partes además de dar cuenta de sus alegaciones puedan aportar prueba para acreditarlas”, indicó el ministro Le-Cerf.

El fallo agrega que: “no obstante lo anterior basta para rechazar (…) la recurrida ha expuesto sobre la implementación de un sistema de colaboración respecto de los apoderados que se encuentren en situación de no poder responder con la obligación contraída con el colegio, vía una evaluación de cada situación particular, como también una solución para aquellos apoderados que tiene beca o no pagan ya el arancel completo”.

“Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre tramitación del Recurso de Protección, se rechazan los recursos de protección deducidos en contra de la Sociedad Educacional Gerónimo Rendic Ltda.”, concluye.

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Condenan en La Serena a militares en retiro por secuestro de estudiante universitario en 1974

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El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de La Serena, Vicente Hormazábal Abarzúa, condenó a penas de presidio efectivo a nueve miembros en retiro del Ejército, por su responsabilidad en el delito de secuestro calificado de Bernardo del Tránsito Cortés Castro. Ilícito perpetrado en abril de 1974, en el regimiento Arica de la comuna.

En el fallo (causa rol 1-2009), el ministro Hormazábal condenó a Ariosto Alberto Francisco Lapostol Orrego, Fernando Guillermo Santiago Polanco Gallardo, Luis Segundo Esteban Araos Flores y Luis Humberto Fernández Monjes a 10 años y un día de presidio, en calidad de autores del delito.

En tanto, José Electo Flores Gallardo, René Patricio Orchand Díaz, Milton Leonardo Torres Rojas, Juan Daniel Marambio López, Orlando Enrique Hatte Castillo deberán purgar 5 años y un día de presidio, también en calidad de autores del secuestro calificado del estudiante Cortés Castro.

En la causa, además, el ministro en visita condenó al médico militar Guido Mario Félix Díaz Paci a la pena de 541 días de presidio, con el beneficio de la remisión condicional de la pena, en calidad de encubridor.

En el aspecto civil, el ministro en visita acogió la demanda de indemnización de perjuicios interpuesta por los hermanos de la víctima, ordenando al fisco pagar a cada uno de ellos la suma de $60.000.000 (sesenta millones de pesos) por concepto de daño moral.

Deceso por tortura

Los antecedentes recopilados en la etapa de investigación, y que sirvieron de fundamento de la acusación, permitieron al ministro Hormazábal Abarzúa dar por establecido los siguientes hechos:

“a. Que, el día 4 de abril de 1974, en horas de la tarde, mientras se disponía a almorzar junto a su tía Graciela Barahona Cortés, en su domicilio ubicado en la comuna de Coquimbo, sin previa orden de Tribunal ni autoridad competente, Bernardo del Tránsito Cortés Castro, estudiante universitario de 20 años, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), fue aprehendido por sujetos no identificados, los cuales se movilizaban en un vehículo particular.

  1. Que, luego de aquello, fue conducido al Regimiento ‘Arica’ de Guarnición en la ciudad de La Serena, donde fue interrogado por personal de la Sección II o Servicio de Inteligencia Militar (SIM) de dicho Regimiento, a cargo de Fernando Guillermo Polanco Gallardo, e integrado, entre otros, por Héctor Ornar Vallejos Birtiola (fallecido), auxiliar de inteligencia; Luis Esteban Araos Flores, auxiliar de inteligencia; Luis Humberto Fernández Monjes, Cabo 1° de Ejército; y los soldados reservistas René Patricio Orchard Díaz, Milton Leonardo Torres Rojas, Juan Daniel Marambio López y José Electo Flores Gallardo, quienes se desempeñaban como personal operativo de dicha sección; Orlando Enrique Hatte Castillo, quien se desempeñaba como administrativo de la Sección de Inteligencia; y los guardias de la sala de detenidos políticos que se encontraban a cargo de la Sección II, Víctor Hugo Alegre Rodríguez y José Antonio Márquez Vega.
  2. Que, para su interrogatorio, la víctima fue conducida hasta una dependencia ubicada en el interior del Regimiento, conocida como sala de música o sala de la banda, donde se aplicaba tormentos a los detenidos sometidos a interrogatorio, lugar donde fue interrogado bajo apremios físicos por el personal operativo antes mencionado; y mientras éste se encontraba en las afueras de dicha dependencia, custodiado por un miembro de la referida Sección, concurrió hasta ese lugar Orlando Hatte Castillo, quien, igualmente, procedió a golpearlo.
  3. Que, a raíz de su interrogatorio, Cortés Castro quedó muy mal herido, siendo dejado en una sala aledaña a la guardia del Regimiento ‘Arica’, donde habría fallecido en horas de la madrugada del día 5 de abril de 1974.

El Ejército se negó a entregar el cadáver a la familia de Bernardo Cortés, por lo que se ignora el destino de sus restos mortales.

  1. Que, la muerte de la víctima fue constatada por el médico de la unidad militar, Guido Díaz Pací.
  2. Que, al día siguiente, oficiales no identificados del Regimiento, hicieron entrega a Pascual Cortés Cortés, padre de la víctima, de un sobre cerrado con documentos donde figuraba que había sido muerto de un balazo al intentar darse a la fuga, con los que se requirió la inscripción de defunción”.

“Habiendo negado Ariosto Lapostol su participación en los hechos que se investigan en autos, para determinarla, se tuvo en cuenta que en el Reglamento Orgánico de los Cuarteles Generales y Unidades de Tropa de 1949, (…) se expresa que el Comandante de Unidad, independiente que ejerce el mando en el más amplio sentido, será responsable de la instrucción, disciplina y administración de la Unidad que comanda. Dentro de la administración le corresponde destinar internamente al personal de Oficiales y Tropa y dictar la Orden del Día de la Unidad, que debe redactar el Ayudante del Comandante, junto con las demás disposiciones de carácter general que se refieran al servicio interno de la Unidad. De lo que se colige, entonces, que lo que ocurría en la Unidad Militar que estaba bajo su mando no pudo estar ajeno a su conocimiento; eso lo afirmó el mismo en sus declaraciones”, establece el fallo.

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Criancero que trasladó 250 cabras por playa de La Serena y Coquimbo recibió sólo amonestación verbal

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El Concejal, escritor, Luis Aguilera González, presidente de la Comisión de Cultura de la Ilustre Municipalidad de La Serena e integrante de la Mesa Rural de la comuna,  informó que hoy martes 30 de junio a las 9 de la mañana, concurrió con Patricio Rojas a la citación efectuada por la Capitanía del Puerto de Coquimbo, respecto a la amonestación por transitar con sus cabras, a orillas de la playa de La Serena durante el pasado fin de semana.

El Criancero Patricio Rojas, de la comuna de La Serena, fue citado a la Capitanía de Puerto de Coquimbo, por efectuar trashumancia de 250 cabras por terrenos de playa, desde el sector Caleta San Pedro hasta el puente del Culebrón, en la comuna de Coquimbo sin informar a la autoridad Marítima. Lo cual quedó solamente en una “Amonestación verbal por desconocimiento” sin multa económica.

René Moraga Espinoza, Capitán de Corbeta LT, de la capitanía del Puerto de Coquimbo, explicó los alcances de infringir las normas marítimas, a lo cual don Patricio Rojas, planteó sus descargos y argumentos y por qué efectuó el camino por la playa.

“No tenía dinero para pagar un camión para el traslado -250 cabras aproximadamente que conformaban su ganado que transitaba por el borde costero-, se dirigía desde Caleta San Pedro hasta la quebrada del Culebrón de Coquimbo, en busca de alimento para sus animales; tuvimos cuatro meses pastando en parcelas, pero debíamos salir de ahí porque se terminaron las talas. Entonces tengo que buscar otro rumbo para las cabras. Está mala la situación que hace años llevamos, es mucho tiempo sin producción y las cabras se nos empiezan a morir. Esta situación les ocurre a todos los integrantes de esta comunidad”.

Se destacó que señor René Moraga Espinoza, Capitán de Corbeta LT, y Fiscal, fue muy amable al explicar los alcances de la situación, manifestando, que “comprendía tal situación y solo cursaría una “Amonestación verbal por desconocimiento”,

Tanto Patricio Castillo como el Concejal Luis Aguilera González, agradecieron su comprensión ante tal situación que causó alarma pública de la población y diversas opiniones.

Los dirigentes de la Comunidad de Olla de Caldera, “permanecieron siempre muy atentos y preocupados de la contingencia acaecida que finamente logramos sortear con satisfacción y agradecimiento “ señaló el concejal de La Serena.

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