Por Carlos Recondo, Director Nacional de INDAP y Andrea Repetto, Presidenta Fundación Superación de la Pobreza
Han pasado algunos meses desde que el COVID-19 llegó a nuestro país y ya hay evidencia de las consecuencias sociales y económicas de la pandemia.
Los indicadores de actividad económica y empleo se han deteriorado significativamente y las expectativas también. Las necesidades de las personas se han reconfigurado y esto se comienza a reflejar en diversos estudios. Una reciente encuesta de Activa Research, situó a la salud como el principal problema que actualmente enfrentan los chilenos, seguido por el desempleo y las pensiones. La pobreza en tanto aparece en séptimo lugar y con clara tendencia al alza.
Considerando los rezagos de la pandemia es esperable que en los próximos años la pobreza vuelva a tomar protagonismo dentro del mundo de las políticas públicas y junto con ello, una realidad muy particular y con necesidades urgentes: la pobreza rural.
El 83% de la superficie del país corresponde a zonas rurales, las que según cifras del Banco Central representan cerca del 17% del PIB, y donde habita el 12% de la población total de Chile según el Censo 2017.
Resulta evidente entonces la importancia de los programas destinados al desarrollo económico y social de este sector. Sin ir más lejos, la pandemia dejó en evidencia el rol estratégico de la agricultura familiar campesina en el resguardo y desarrollo de la cadena de abastecimiento de alimentos para todo el país. Sin embargo, y pese a ello, la sensación en el mundo rural sigue siendo la de “invisibilidad” en un Chile con una mirada cada vez más urbana.
Acortar la brecha entre lo urbano y lo rural es un desafío de todos. El diseño de las políticas y programas debe considerar las características e idiosincrasia de las familias que habitan en territorios rurales. Evaluar esta realidad desde una mirada urbana carece de sentido de realidad. Los objetivos individuales, las aspiraciones materiales, las expectativas de desarrollo son entre sus habitantes, con seguridad, muy distintas a las de la población urbana.
En esa tarea tanto INDAP como Fundación para la Superación para la Pobreza tienen una larga trayectoria y puntos de encuentro en los territorios. Uno de ellos ha sido el programa PRODESAL y las unidades de fomento productivo en los municipios, donde se ha hecho un esfuerzo por ejecutar planes pertinentes a las realidades locales. Un aporte que no sólo considera la entrega de subsidios, sino también de herramientas sociales y laborales que inciden en el bienestar y calidad de vida de las personas.
Hacerse cargo de la pobreza rural no implica postergar la urbana. Tampoco convertir todo potencial impacto en números. Se requiere de una mirada descentralizadora que incorpore las necesidades de quienes viven en contextos distintos y considerarlos como parte esencial de nuestro país.
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