Tribunal confirma arresto domiciliario nocturno para Lucía Pinto por fraude al Fisco en caso Papayagate

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Además, se otorgó un plazo de seis meses para cerrar la investigación. Medidas cautelares menores habían sido pedidos por la Fiscalía pese a la gravedad del delito. Respecto al empresario Pablo Bracchitta quedó liberado de estas medidas. En tanto, para quienes vendieron el terreno, acusados por delito tributario, el SII pidió arraigo nacional y firma mensual, lo que fue aceptado.

El Juzgado de Garantía de La Serena acogió la formalización de la exintendenta de la región en el segundo gobierno de Sebastián Piñera, Lucía Pinto Ramirez (UDI) y al exjefe de Planificación, José Cáceres, por el delito de fraude al Fisco por la compra de terrenos para actividades deportivas cometido en La Serena a sobreprecio, de acuerdo a las imputaciones, lo que deberá fallarse tras el término de los seis meses de investigación para llegar luego al juicio oral

La operación significó comprar, en 2020, a un valor de $9.800 millones un terreno en el sector de parcelas San Ramón, en las cercanías del camino hacia Huachalalume, y que costaba cerca de $4 mil millones, en 2019, existiendo una tasación original que no superaba los $500 millones sólo seis años antes. La modificación del Plano Regulador habría justificado el valor de la propiedad, haciéndose parecer que era la única alternativa posible para la adquisición ya que era la oferta más barata, se dijo en la audiencia.

Después de casi 5 años de haberse denunciado el caso, la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, recién desde el lunes a hoy miércoles logró acusar y formalizar por el delito de fraude al fisco a los principales involucrados, incluso con el peligro de prescripción de algunos delitos, según argumentó la defensa.

Además, se imputaron delitos tributarios a Lorenzo Pedro Iduya Ortiz de Luzuriaga, Nicolás Fabián Bakulic Govorcin, y a los hermanos Karim y Manuel Daire Daud por parte del Servicio de Impuestos Internos, quienes quedaron con firma mensual.

Compra Aprobada

El caso se remonta a 2020, cuando vía trato directo, el GORE de Coquimbo compró un lote de terrenos en el sector oriente de La Serena por $9 mil 800 millones para un proyecto deportivo en compensación por la pérdida del complejo exCordep, lugar donde hoy se está construyendo el nuevo hospital de La Serena. Esto a solicitud del exalcalde de La Serena, Roberto Jacob Jure, quien ingresó el proyecto que fue aprobado por el Consejo Regional de Coquimbo, CORE, de la época.

En la audiencia, se indicó que Cáceres tenía intereses directos en la operación de compraventa. Tanto que se saltaron las advertencias de la Contraloría General de la República incluyendo la “toma de razón”, paso necesario e imprescindible para proceder.

“José Cáceres, sin revelar los vínculos comerciales que mantenía con el grupo de empresarios dueños de estos terrenos asumió, por encargo de la intendenta Lucía Pinto, la tarea de impulsar en las diversas instancias de tramitación todas las gestiones necesarias hasta concretar la compraventa. Cáceres obró en infracción a los deberes de su cargo en el marco de una operación que resultó altamente perjudicial para el Gobierno Regional, pero que permitió beneficiar a sus socios, todo lo cual fue conocido y consentido por la intendenta Lucía Pinto y, por supuesto, por Pablo Bracchitta, gerente de las inmobiliarias y contraparte de la operación”, explicó la fiscal Perivancich ante el tribunal.

En el su momento, Lucia Pinto debió renunciar al cargo mientras que, en 2022, la Contraloría resolvió destruirla (responsabilidad administrativa), al igual que a Cáceres, por lo que no pueden trabajar en el sistema público por cinco años.

Medidas Cautelares

Pese a la gravedad de los delitos, el Consejo de Defensa del Estado y la Fiscalía pidieron las medidas cautelares de arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional para Lucía Pinto (UDI), y José Cáceres, que estaban a cargo del Gobierno Regional de Coquimbo en 2020, y al empresario Pablo Bracchitta. Este último quedó excluido de toda cautelar ya que no es funcionario público.

Pinto deberá cumplir el arresto nocturno en dos domicilios. De lunes a miércoles en la localidad de La Campana, en Vicuña, y el resto de la semana en la avenida del Mar, en La Serena, debido a razones laborales de la imputada, entre las 22 y 06 horas.

Para los cinco empresarios que vendieron el terreno, acusados por delito tributario, el SII pidió arraigo nacional y firma mensual, lo que fue aceptado.

Sin embargo, Nicolás Bakulic pudo viajar a España con permiso judicial otorgado el pasado lunes.

Excluidos

Durante la audiencia de formalización, la defensa de los imputados lograron excluir al senador Daniel Nuñez (PC) y del concejal de La Serena, Camilo Araya (FA) como querellantes, argumentándose que el Ministerio Público, el Consejo de Defensa del Estado y el Servicio de Impuestos Internos estaban ejerciendo acciones en representación del interés público, lo que fue acogido por la magistrada.

En este sentido, Núñez rechazó la resolución y anunció que apelará ya que, según asegura, “mi presencia garantiza que no exista impunidad y para dar una lucha implacable contra la corrupción”.