Además, se otorgó un plazo de seis meses para cerrar la investigación. Medidas cautelares menores habían sido pedidos por la Fiscalía pese a la gravedad del delito. Respecto al empresario Pablo Bracchitta quedó liberado de estas medidas. En tanto, para quienes vendieron el terreno, acusados por delito tributario, el SII pidió arraigo nacional y firma mensual, lo que fue aceptado.

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