Eventual indulto presidencial a militar condenado por caso Romario Veloz reabre debate en La Serena

El anuncio del Presidente José Antonio Kast sobre la posibilidad de utilizar la facultad presidencial de indulto para revisar casos vinculados al estallido social de 2019 reactivó el debate político y judicial en la Región de Coquimbo.

Según información difundida por la periodista Mónica Pérez en el programa radial de Radio Duna, uno de los primeros casos que estaría siendo evaluado corresponde al del ex capitán del Ejército José Santiago Faúndez Sepúlveda.

El exuniformado fue condenado a 15 años de presidio por el delito de violencia innecesaria con resultado de muerte de Romario Wladimir Veloz Cortés, además de dos delitos de violencia innecesaria con resultado de lesiones graves contra Rolando Robledo y César Véliz.

Hechos ocurridos durante el estallido social

Los hechos se remontan al 20 de octubre de 2019 en la ciudad de La Serena, en el contexto del Estallido social de Chile de 2019.

De acuerdo con los antecedentes judiciales, durante una jornada de manifestaciones el entonces oficial disparó contra civiles, lo que provocó la muerte de Veloz Cortés y dejó a otras dos personas con lesiones graves.

La condena fue dictada tras un proceso judicial que incluyó la intervención del Consejo de Defensa del Estado, dada la gravedad de los delitos investigados.

Presidente confirma uso de la facultad de indulto

Consultado sobre la posibilidad de aplicar esta medida, el Presidente Kast confirmó que utilizará la atribución que la Constitución otorga al jefe de Estado.

“El indulto es una facultad que hasta el día de hoy tiene el Presidente de la República y yo la voy a utilizar”, señaló el mandatario en una entrevista con Canal 13.

El jefe de Estado precisó que no se trataría de un indulto general, sino de un proceso de revisión caso a caso, argumentando que la medida busca avanzar en un proceso de reconciliación.

Críticas desde el Congreso

La eventual decisión generó críticas desde distintos sectores. La diputada por la región de Coquimbo, Nathalie Castillo Rojas, manifestó su preocupación ante la posibilidad de que se conceda el beneficio.

La parlamentaria sostuvo que un indulto en este caso podría ser interpretado como una señal de impunidad frente a violaciones a los derechos humanos ocurridas durante las protestas.

“Fue un proceso judicial muy duro para la familia de Romario y para quienes acompañaron la búsqueda de justicia. Un indulto sería gravísimo, porque enviaría una señal de impunidad para quienes abusaron de las armas del Estado”, afirmó.

Debate jurídico y político

Desde la defensa de las víctimas también han manifestado reparos ante la posibilidad de revisar la condena. La abogada querellante Adriana Rojas señaló que, de concretarse la medida, evaluarán recurrir a instancias nacionales e internacionales.

Mientras tanto, desde el Ejecutivo no se ha confirmado oficialmente cuál será el primer caso en el que se aplicará la facultad presidencial de indulto.

En el ámbito jurídico, especialistas recuerdan que el indulto presidencial es una atribución establecida en la Constitución, que permite al jefe de Estado modificar o extinguir el cumplimiento de una pena, sin alterar la existencia de la condena judicial. La eventual aplicación de esta herramienta, sin embargo, suele abrir debates políticos y sociales sobre sus alcances y efectos en materia de justicia y reparación.