Regionales
Fiscalía regional investiga posible pago con fondos públicos a abogado de Boric
El organismo persecutor solicitó al Gobierno documentación relacionada con la contratación del abogado Jonatan Valenzuela, por más de $13 millones. Se evalúa si se citará a declarar al mandatario como parte de las diligencias.
El organismo persecutor solicitó al Gobierno documentación relacionada con la contratación del abogado Jonatan Valenzuela, por más de $13 millones. Se evalúa si se citará a declarar al mandatario como parte de las diligencias.
La Fiscalía Regional de Coquimbo inició las diligencias luego de la querella interpuesta contra el Presidente Gabriel Boric por la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende por parte del Estado. La compra del inmueble de calle Guardia Vieja, en Providencia, estaba tratada con la Ministra de Defensa, Maya Fernández, nieta del exmandatario y con la hija del mismo, la senadora Isabel Allende.
Así, la unidad especializada de la región de Coquimbo, a cargo del fiscal regional Patricio Cooper, indagará si hubo o no malversación de caudales públicos para contratar los servicios del jurista, en representación del Jefe de Estado, en la investigación por la fallida adquisición del inmueble.
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La acción fue ingresada ante el 7º Juzgado de Garantía de Santiago hace un mes por Fundación Fuerza Ciudadana y acusa eventual malversación por parte del jefe de Estado debido al contrato millonario firmado con el abogado Jonatan Valenzuela, que supera los $13 millones.
Entre las diligencias, la Fiscalía pidió que se entregue la resolución que permitió la contratación del profesional y los documentos asociados a la transacción.
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En paralelo, la Primera Sala del Tribunal Constitucional, con un voto en contra y cuatro a favor, determinó no admitir a tramitación el requerimiento de inhabilidad en contra de la ministra de Defensa, Maya Fernández, por su participación en la fallida compra de la casa de su abuelo para convertirla en un museo.
A juicio del tribunal, el recurso no cumplía con los requisitos establecidos en la Ley 17.997, concluyendo que el libelo “se entenderá por no presentado bajo los efectos legales”.
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