Tribunales
Tribunal Laboral de La Serena: Cuando la justicia tarda y no hay transparencia, está la oscuridad
Jueces que demoran meses en redactar fallos sin respetar las fechas que ellos mismos establecen, otros de Familia viendo temas Laborales y un Poder Judicial que demoró 138 días en dar una “no respuesta” que fácilmente se puede describir como “tomadura de pelo”, ante una solicitud de Transparencia. Así las cosas, todo hace pensar que el cuestionado Poder Judicial, entre casos Hermosilla y jueces destituidos por corrupción, es una red más oscura de la que se cree. Los únicos perjudicados: ciudadanos en situación vulnerable

Jueces que demoran meses en redactar fallos sin respetar las fechas que ellos mismos establecen, otros de Familia viendo temas Laborales y un Poder Judicial que demoró 138 días en dar una “no respuesta” que fácilmente se puede describir como “tomadura de pelo”, ante una solicitud de Transparencia. Así las cosas, todo hace pensar que el cuestionado Poder Judicial, entre casos Hermosilla y jueces destituidos por corrupción, es una red más oscura de la que se cree. Los únicos perjudicados: ciudadanos en situación vulnerable.
Cuatro meses demoró el Poder Judicial en responder una solicitud vía Transparencia, pedida el pasado 4 de junio de 2025, respecto a los Tribunales Laborales de La Serena. La paradoja es que fue más puro estilo de “hágalo usted mismo” pero sin manual de instrucciones en un sistema que no tampoco responde a las interrogantes.
El requerimiento se basó en los cuestionamientos que distintos abogados de la plaza hicieran llegar a Red Comunales respecto a las excesivas demoras en resolver causas laborales simples y que, en la práctica, mantienen en la indefensión económica a los afectados ante la dificultad de encontrar trabajo que les permita mantener a sus familias y/o cumplir con el sistema financiero. Todo sin un peso en los bolsillos.
Esos antecedentes, más los aportados por el equipo de Investigación de Bio Bio Chile respecto a los abusos en el Tribunal de Familia de La Serena (2024) que denunció una jueza antes de morir, y los proporcionados por El Mostrador (2025) respecto a las pugnas internas en los tribunales serenenses, apuntaban a descubrir la realidad del tribunal laboral de la comuna. Por eso había que contrastar información.
Así surgieron preguntas básicas como el Promedio de Tiempo de demoras en dictar sentencia a contar de las fechas establecidas por el propio tribunal; la Sobrecarga o superávit de las distintas salas laborales de La Serena; el Porcentaje por sala; Si existe déficit de jueces y ¿Qué pueden hacer quienes esperan por meses las sentencias, a quién se recurre si los “Téngase Presente” enviados por abogados no tienen ningún efecto? Pero todas las interrogantes quedaron entrampadas en un agujero negro.
Tomamos, como ejemplo, una demanda laboral que ingresó en junio de 2024 por despido injustificado al tribunal de La Serena. Caso simple. Trabajador a honorarios que cumple un horario, marca reloj de asistencia, tiene jefatura, un espacio de trabajo en el lugar de la empresa pero que se le despide sin reconocerle ningún derecho a indemnizaciones ni cotizaciones previsionales. Recién seis meses después, en diciembre, se desarrolló la audiencia que, por tiempo, quedó para una segunda instancia a realizarse durante la primera semana de marzo de 2025. En nueve meses de tramitaciones, en el Acta de Continuación se señala expresamente por parte del tribunal la fecha de notificación de Sentencia: la última semana de ese mismo mes (aparece día), mediante correo electrónico. Sin embargo, aquello no ocurrió.
Dos meses más tarde, sin la anunciada sentencia, el querellante pide en mayo al tribunal que se pronuncie a lo que la jueza responde con un “se le dará la prioridad requerida“. Celeridad que llegó casi 60 dias después, en julio de 2025, con la sentencia, en este caso, favorable para la víctima. Sin embargo, a fecha actual de octubre aún no recibe ninguna indemnización pese a que el tribunal comunicó a las partes y no hubo apelación del querellado. En otra palabras, la víctima que ganó lleva 1 año y 4 meses esperando que se le pague lo que se le adeuda, agobiado por las cobranzas, en condición de cesantía pero sin acceso al seguro de la AFC porque este figura sin fondos ya que las cotizaciones impagas aún no se regularizan.
Jueza de Familia sentenciando en Laboral
Otro caso de trabajador a honorarios que ingresó demanda laboral en contra de su exempleador fue tomado por una jueza de Familia de La Serena, vía Zoom. En diez meses hubo sentencia, pero desfavorable para el demandante. Increíblemente la jueza, inexperta en estas materias, no consideró ninguna de las pruebas testimoniales ni documentales que acreditaban la relación laboral: contrato, marcador de asistencia diaria al lugar de trabajo, jefatura, un espacio físico para su desarrollo, etc.. En cambio, elaboró una insólita argumentación aludiendo que el empleado efectivamente trabajó pero que no existe. Ante tal aberración, se recurrió de nulidad del juicio sumando otros tres meses más sin ningún avance por parte del tribunal. ¿El único perjudicado? Nuevamente la víctima y su familia.
La increíble y decepcionante Respuesta del Poder Judicial
Según la Ley de Transparencia, la institución conminada tiene un plazo de 20 días hábiles como máximo para responder. Pero el Poder Judicial no está incorporado a dicha ley y, si bien dispone de un sistema de Transparencia, éste funciona como lo hacen los jueces: a su libre voluntad aunque también hablan de 20 días que, obviamente, no se cumplen.
Tras la solicitud de información del 4 de junio y no obtener respuesta, Red Comunales recurrió de reclamo el 21 de julio ante la Comisión de Transparencia del Poder Judicial a sugerencia del Consejo para la Transparencia, con quien también se tomó contacto. Ese mismo día se recibe un correo donde se señala. “Su solicitud está siendo tramitada. Una vez que finalice el proceso se le enviará respuesta”.
Un proceso tan lento que demoró 4 meses. Recién el 16 de octubre se tuvo la siguiente respuesta oficial:
De: Andreina Olmo Marchetti, directora suplente de la Corporación Administrativa del Poder Judicial
A: Sra. María Lucy Dávila Yévenes, Dirección de Comunicaciones Corte Suprema
“Se solicita informar al requirente que los datos estadísticos disponibles de los Juzgados de la jurisdicción de la Serena —tales como ingresos, términos, audiencias de causas laborales y de cobranza— correspondientes al periodo comprendido entre enero de 2015 y junio de 2025, puede ser consultada en la sección “Descargas” de la plataforma de datos abiertos denominada “Poder Judicial en Números”, accesible en el siguiente enlace: https://numeros.pjud.cl/Descargas, bajo los apartados “Cobranza” y “Laboral”. Esta información se actualiza semestralmente y permite descargar los registros en diversos formatos”.
Oscura Realidad
Lo increíble es que no tan solo no hubo respuesta a simples preguntas de estadísticas y de personal que se manejan a diario. Se nos envió a un engorroso sistema informático donde tampoco se pueden obtener las respuestas requeridas.
Se trata de una base de datos genéricos nacionales donde es imposible extraer desde los archivos Excel la información solicitada, como déficit de jueces, por ejemplo, en el tribunal laboral de La Serena. En rigor, una burla porque no tan solo eluden responder (lo que resulta paradojal cuando son los jueces quienes suelen pedir respuestas claras y precisas en una audiencia), sino que ni siquiera hicieron su trabajo.


Así las cosas, el Poder Judicial sigue confirmando que es un ente oscuro, con escasa vocación de servicio, donde el ser humano es un mero número y que, a muchos de sus jueces, no les importa la justicia. Más bien, responden a intereses políticos, religiosos o empresariales como la evidencia ha ido demostrando.
Esa frase añeja, anacrónica de “la justicia tarda, pero llega”, es insostenible en pleno siglo 21. Peor aún, son los mismos jueces quienes instan a no hacer juicios buscando siempre un advenimiento desigual.
La justicia chilena está en deuda histórica. La arrastra desde que sumó a la venda en ambos ojos tapones en los oídos durante la dictadura cívico-militar y sigue aumentando. Porque no hay justicia si hay desidia y no puede haber justicia si se oculta información.
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