Golpe al GORE. Jefe de Gabinete de Pleticosic tenía prohibido ejercer funciones públicas: sumario y devolución de pagos

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Francisco Javier Acuña Cruz, el exjefe de Gabinete del entonces Gobernador Regional Suplente, Wladimir Pleticosic, jamás debió haber asumido alguna función en el servicio público y menos habérsele pagado, por cuanto había sido destituido desde la Municipalidad de Coquimbo un año antes. Si bien renunció de manera voluntaria el 4 de septiembre de 2024, deberá devolver los $3.333.333 pagados de manera improcedente. En tanto, el Gobierno Regional enfrenta sumarios instruidos por Contraloría para establecer las responsabilidades ante esta y otra situaciones, como el ocultamiento de agendas.

Mediante decreto alcaldicio N°1.220, del 17 de mayo de 2023, la Municipalidad de Coquimbo destituyó y cesó las funciones de Francisco Javier Acuña Cruz, técnico en Administración Pública que, hasta septiembre de 2023, se había desempeñado en el municipio porteño. Había ingresado al ayuntamiento en 2018, manteniéndose en labores de apoyo a la alcaldía hasta que fue sacado del sistema público.

Las razones se mantienen bajo reserva pero no para la Contraloría Regional que descubrió, tras una auditoría al Gobierno Regional de Coquimbo, que consideró el periodo de enero a septiembre de 2024, que pese a la prohibición de cinco años vigente, Acuña igualmente fue contratado por el recién asumido Gobernador Regional Suplente, Wladimir Pleticosic (DC), como su hombre de confianza para ejercer el rol de jefe de Gabinete.

El contrato original tenía considerada dos renovaciones. Según constató el órgano fiscalizador, el Gobierno Regional contrató a honorarios en el mes de julio a Acuña Cruz, “mediante las resoluciones exentas números RA 806/107/2024 y 806/135/2024, de 1 de agosto y 2 de septiembre de 2024, respectivamente; entre el 11 de julio y el 30 de agosto; y entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre, todos de 2024, para prestar servicios de Jefe de Gabinete, encargado de organizar y administrar la agenda y responsabilidades públicas del Gobernador Regional Suplente; coordinar el desarrollo de ceremonias y otras actividades donde participe la autoridad superior del Servicio”, pagando la suma de $3.333.333, entre los meses de julio y septiembre de ese año.

Esto indicaría que si bien Pleticosic sólo gobernaría por 56 días, existiría la intención de dejar instalado al jefe de Gabinete hasta fines de año aún cuando existiera otra autoridad en el cargo.

Francisco Javier Acuña Cruz, en fotografía de perfil del Facebook creado para difundir la campaña a Gobernador Regional de Wladimir Pleticosic.

Sin Declaración Jurada

Acuña fue contratado sin que se le exigiera la Declaración Jurada que se aplica a todo funcionario que ingresa al servicio público, independiente de la modalidad.

“Se determinó que para la citada contratación a honorarios ese gobierno regional no requirió la declaración jurada indicada en el artículo 12, letra e) de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, para verificar que el profesional cumplía con el requisito en cuestión, por lo que, deberá instruir un procedimiento disciplinario tendiente a determinar las eventuales responsabilidades administrativas que pudieran derivarse de la situación representada, remitiendo copia de la resolución que disponga su inicio a la Unidad de Seguimiento de Fiscalía de este Organismo de Control, en el plazo de 15 días hábiles administrativos, contado desde la recepción del presente oficio”, lo que ocurrió el lunes 10 de julio.

Contraloría es categórica. “La contratación en comento no se ajustó a derecho”. Por tal motivo, se deberá reintegrar la suma pagada de $3.333.333, conforme a lo dispuesto en el artículo 95 y siguientes de la ley N° 10.336.

Reacciones y Restitución de Pagos

Red Comunales no pudo ubicar a Francisco Acuña para tener su versión del caso. Con quien sí hubo diálogo fue con el exgobernador Wladimir Pleticosic, quien se excusó de referirse a lo concluido por Contraloría por “no tener conocimiento de esa auditoría, de su contexto, ni menos de sus resultados”.

En el mismo Informe, el Gobierno Regional señala que “procederá a accionar la restitución del monto, “oficiando al señor Acuña Cruz en relación con ello, precisando que de no obtener respuesta de su parte, o bien, que esta no sea favorable, procederá a iniciar el correspondiente juicio civil de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual“.

Por otra parte, Contraloría advirtió otro pago de $200.000 correspondiente a la boleta de honorarios N° 127, del 30 de noviembre de 2024, cifra que será incluida en la acción de
restitución que iniciará ese gobierno regional.

¿Por qué el GORE no se dio cuenta?

El dictamen N° E204328, de 2022, de la Contraloría, señala que “aquellos exfuncionarios que hayan sido desvinculados de algún organismo público por aplicación de la medida disciplinaria de destitución (…) no pueden reincorporarse a la Administración del Estado, con independencia de la calidad jurídica a través de la cual se materialice esa determinación, incluyendo el régimen del Código del Trabajo, el Estatuto Docente o el contrato a honorarios, mientras no hubiera transcurrido el término de cinco años desde el cese”.

La administración del Gobierno Regional se defendió señalando que Francisco Acuña no informó de su situación al momento de su contrato, “sin que el servicio contara con otros medios para verificar en forma previa”.

En ese sentido, si bien la inadvertencia de la inhabilidad resulta imputable al profesional mencionado, porque no informó de tal situación al Servicio Administrativo del Gobierno Regional al momento de su vinculación, “dicha entidad no le solicitó la declaración exigida en el artículo 13, inciso cuarto, de la ley N° 18.834, para acreditar no estar sujeto a aquella”, dice el Informe.

En particular, el artículo 12, letra e) de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, señala que para ingresar a la Administración del Estado será necesario cumplir, entre otros, no haber sido cesado en un cargo público como consecuencia de haber obtenido una calificación deficiente, o por medida disciplinaria, salvo que hayan transcurrido más de cinco años desde la fecha de expiración de funciones. Tal es el caso, por ejemplo, de la también exgobernadora Krist Naranjo, inhabilitada por cinco años para trabajar en lo público.

El inciso cuarto del artículo 13 indica que “el requisito fijado en la letra e) será acreditado por el interesado mediante declaración jurada simple. La falsedad de esta declaración hará incurrir en las penas del artículo 210 del Código Penal”.

El problema es que no hubo declaración que firmar por lo que Acuña, se bien omitió advertir su situación, tampoco se le consultó quedando libre de responsabilidad penal ya que no mintió en una declaración inexistente.

Llama la atención que el servicio administrativo del Gobierno Regional informe a Contraloría que recién este 2025 incorporó entre sus procedimientos el requerimiento de Declaración Jurada. Esto por cuanto es un documento que siempre se ha pedido, según consta en testimonios de funcionarios y exfuncionarios contactados por este medio.

El Informe no se refiere a la falta de comunicación entre servicios públicos. Lo esperado era que el municipio de Coquimbo hubiese informado de la destitución de Acuña apenas se confirmó públicamente su llegada al Gabinete de Pleticosic, por estar obligado todo funcionario público a denunciar todo acto que esté en su conocimiento y que signifique la ocurrencia de delitos”.

Ocultamiento de Agendas

En otro acápite, el Informe Final de la Auditoría realizada al Gobierno Regional, se refiere a la negativa del Gobierno Regional de entregar las agendas de actividades de quienes ejercieron los cargos de gobernadora/es regionales durante el año 2024.

“Requerido al Gobierno Regional en orden a proporcionar la agenda —física o digital— de las actividades de doña Krist Naranjo Peñaloza (IND), don Wladimir Pleticosic Orellana (DC) y de don Darwin Ibacache Olivares (DC), quienes cumplieron las funciones de gobernadora/gobernador regional entre los meses de enero y septiembre del año 2024, dicha entidad informó que no contaba con las correspondientes a las dos primeras personas mencionadas.

En cuanto al entonces gobernador —don Darwin Ibacache Olivares—, su jefa de gabinete indicó que remitiría un archivo digital que contendría la mencionada agenda correspondiente al mes de octubre de 2024, sin embargo, a la fecha del preinforme, tal antecedente no fue remitido.

“Esa entidad no las proporcionó pese a disponer de ellas, afectando la realización de actividades de validación programadas, en virtud de lo cual deberá instruir un procedimiento disciplinario”, se señala, otorgando un plazo igualmente de 15 días hábiles para ello, para determinar las eventuales responsabilidades administrativas.

Campaña de Pleticosic

En relación con el uso de redes sociales por parte de quien desempeñó el cargo de gobernador regional durante el período bajo revisión, Wladimir Pleticosic Orellana, se determinó, entre otros, que “se asoció su imagen con la gestión del Gobierno Regional de Coquimbo, lo que implica un contravención a lo señalado en la jurisprudencia de esta Entidad de Control, en el sentido que es la entidad como institución la que presta los servicios que se anuncian en cumplimiento de sus funciones, y no las autoridades en forma independiente”.

Al respecto, “la eventual responsabilidad administrativa de la aludida ex autoridad se extinguió con el cese de sus funciones en el cargo“.