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Contraloría pide devolver de sus bolsillos más de $442 millones a funcionarios del Gobierno Regional
Actualizado. Se trata de cuatro funcionarios, dos de los cuales ya no trabajan en la administración pública, por su responsabilidad civil extracontractual luego de una auditoría a los recursos transferidos sin concursabilidad por el Gobierno Regional a entidades privadas, entre 1 de enero de 2021 y 30 de junio de 2023.
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Se trata de cuatro funcionarios, dos de los cuales ya no trabajan en la administración pública, por su responsabilidad civil extracontractual luego de una auditoría a los recursos transferidos sin concursabilidad por el Gobierno Regional a entidades privadas, entre 1 de enero de 2021 y 30 de junio de 2023.
Un Juicio de Cuentas realizado por la Contraloría General de la República determinó la responsabilidad de cuatro funcionarios y exfuncionarios del Gobierno Regional de Coquimbo en aspectos técnicos y rendiciones de los fondos en distintos proyectos ejecutados por la destituida Krist Naranjo. El daño asciende a $442.112.315.
Los funcionarios y exfuncionarios afectados corresponden a Patricio Ponce, en su calidad de exjefe de la División de Presupuesto e Inversión Regional. Actualmente Ponce se encontraba trabajando como Coordinador Proyectos e Inversiones Secplan en la Municipalidad de La Serena pero renunció para ingresar a una universidad local. Ponce deberá desembolsar de su patrimonio personal $148.368.921 como responsable individual.
En tanto, como responsables solidarios, Luis Koscina y el ya jubilado Nelson Álvarez, deberán pagar $266.768.163; y Víctor Julio Saldívar con Nelson Álvarez, la suma de $26.975.231 también como responsables solidarios. Todos cuentan con amplia trayectoria y experiencia en el Gobierno Regional en distintas administraciones.
“La revisión se realizó con el fin de verificar (…) si estos procesos cumplen con las disposiciones legales y reglamentarias, se encontraban debidamente documentados y proveen adecuada información sobre el cumplimiento de las funciones institucionales, todo lo anterior, en concordancia con la ley de organización y atribuciones de la Contraloría General de la República”, sostiene el documento dirigido al Juez de Cuentas.
El pago de sus bolsillos obedece a la norma que establece que los funcionarios que tengan a su cargo fondos o bienes serán responsables de su uso, abuso o empleo ilegal y de toda pérdida o deterioro de los mismos que se produzca y que sean imputables a su culpa o negligencia y que haya causado daño al patrimonio público, lo que deberá ser resarcido por el autor del mismo.
Los Reparos
Intervenciones Quirúrgicas a Caderas a personas que no se encuentran en el registro de listas de espera NO GES con Fundación Desafío Levantemos Chile. Al respecto, fueron contrastadas las listas de espera entregada por el Servicio de Salud Coquimbo, con los listados de beneficiaros del programa informados por la entidad privada Desafíos Levantemos Chile, durante el proceso de rendición de cuentas al Gobierno Regional de Coquimbo, determinándose que, de los 67 beneficiarios totales, 27 no fueron encontrados en la lista de espera informada por el Servicio de Salud Coquimbo, estableciéndose un gasto que no se ajusta al objeto general del convenio auditado por un total de $84.095.449
Al respecto, desde Desafíos Levantemos Chile señalaron que “en el marco de intervenciones Quirúrgicas a Caderas realizadas bajo la coordinación de la Fundación Desafío Levantemos Chile en la Región de Coquimbo, se constató que de los 67 beneficiarios totales, 27 no fueron encontrados en la lista de espera elaborada por el Servicio de Salud Coquimbo, estableciéndose un gasto que no se ajusta al objeto general del convenio auditado por un total de $84.095.449.- Efectuadas las respectivas consultas, se puede constatar que el Servicio de Salud de Coquimbo era el responsable, de conformidad a la ley, de definir e informar a dicha fundación los pacientes de la respectiva lista de espera que serían atendidos, sin que en su definición hubiere intervenido dicha fundación. Esta, de hecho, y principalmente por razones de confidencialidad a la que tienen derecho los pacientes, ni siquiera conoce la identidad de los pacientes previo a las cirugías (información a la que sólo acceden los respectivos hospitales de la red pública de salud y los profesionales que participan en ellas), desde que en esta etapa ello no es necesario para las gestiones meramente administrativas del proyecto que están a cargo de Desafío.
Rendición de facturas asociadas a empresa de la Fundación Un Alto en el Desierto. Según información del Servicio de Impuestos Internos, consta que la fundación mantiene una participación de un 100% de la empresa FUAD Company SpA., que emitió 20 facturas por un monto de $129.529.500 a la citada fundación, que fueron rendidas al GORE Coquimbo en el marco del referido convenio suscrito. Además, la citada fundación rindió 12 facturas no afectas por un monto de $114.000.000, siendo la primera de aquellas emitida a la fundación por concepto de Servicios, sin que se adviertan antecedentes que permitan vincular tales gastos al convenio. Adicionalmente, cabe hacer presente que la Un Alto en el Desierto rindió 8 facturas electrónicas afectas, las que corresponden a “Alquiler camioneta Suzuki” por un monto total de $15.529.500, sin embargo, de la documentación, no se evidencia contrato de arriendo o la placa patente del vehículo.
Gasto no contemplado en el convenio suscrito entre el GORE y la organización Teatro Puerto. En el ítem Honorarios y Servicios, se advierte la contratación de animadores matinales y por la tarde habiéndose presentado las respectivas boletas por $1.000.000 cada uno. Sin embargo, adicionalmente se acompañó una factura electrónica de una empresa por $10.000.000 con la glosa “presentación show animadores festival Ilumina de las Artes y la Sustentabilidad, para ser rendida en el ítem imprevistos, concepto que no fue considerado en el perfil de postulación del proyecto. Por tanto, no se ajusta a derecho que se impute el gasto referido a la rendición de cuentas.
Rendiciones presentadas con comprobante de tarjeta de crédito o débito. Se advirtió que la Fundación Un Alto en el Desierto y Fundación Sociedades Sustentables, presentaron como respaldo los comprobantes de pago con tarjetas bancarias y no boletas o facturas, por un total de $1.297.432 y de $312.350, respectivamente, gastos que no contaban con mayor detalle pero que igualmente fueron aceptados por el Gobierno Regional de Coquimbo.
Rendiciones de cuentas aprobadas por el GORE sin el detalle de los gastos efectuados por las entidades privadas.
Proyecto denominado ‘Transferencia aceleración de comunidades costeras para el desarrollo sustentable de La Higuera”. Acá se sostiene que hubo gastos no acreditados por parte de Fundación Smartrip en una subcontratación por $60.000.000. Al respecto, en las rendiciones aprobadas por el GORE, no se identificaron antecedentes de respaldo suficientes por parte de la sociedad EMPREDIEM SpA.
Falta documentación de respaldo en rendiciones de cuentas también por parte de Fundación Smartrip.
Gastos en el ítem honorarios y Operación sin respaldo, rendidos en proyecto “Plan Piloto para la Implementación de Ecobarrios en la Región de Coquimbo”, por la Fundación Buenas Raíces.
En el escrito, el Contralor Regional, Hugo Segovia, sostiene que en caso que el Juez de Cuentas determine “en caso improbable” la sanción pecunaria, que se aplique una sanción de carácter administrativo.
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