Comunales
Haitianos detenidos en La Serena por supuesta falsificación de permiso temporal fueron sobreseídos por ser inocentes
Cuatro ciudadanos haitianos que estuvieron 24 horas detenidos en un cuartel policial tras ser imputados por la supuesta falsificación de un permiso temporal y atentar contra la salud pública fueron sobreseídos definitivamente en sus causas, al constatarse que eran completamente inocentes.
Los hechos ocurrieron el 26 de agosto del año pasado, cuando cerca de las 09:30 horas Donald Eliassaint (30), Clebert Lebert (45), Henry Moise (36) y Makendy St-Quitte (30) esperaban atención en una fila afuera de las oficinas de AFP Planvital en el centro de La Serena para tramitar el retiro del 10 por ciento de sus cotizaciones previsionales cuando fueron fiscalizados por carabineros, quienes les requirieron el permiso de traslado correspondiente en periodo de cuarentena sanitaria.
Los cuatro ciudadanos exhibieron sus permisos de desplazamiento temporal, obtenidos previamente a través de la página web de la comisaria virtual. Pese a que todos los documentos decían “permiso para pagar servicios básicos, cobros de pensiones, subsidios u otros”, los funcionarios policiales aseguraron que eran falsificados, de modo que los cuatro fueron aprehendidos y trasladados a la Primera Comisaría de Carabineros de La Serena. Allí permanecieron detenidos hasta el día siguiente, en espera de la audiencia de control de detención en el tribunal de garantía. En la audiencia, la Fiscalía explicó que los cuatro detenidos portaban permisos por 6 horas de autorización cuyos números de folio y códigos de verificación QR eran inválidos. Agregó que como no portaban un permiso válido, pusieron en peligro la salud pública por infracción de las reglas sanitarias vigentes durante la pandemia de Coronavirus, que obligaban a los habitantes de La Serena y Coquimbo a permanecer en cuarentena.
Sobreseimiento definitivo
La defensora penal pública Rosa Álvarez explicó que durante la audiencia sus representados fueron imputados por los delitos de falsificación o uso malicioso de documentos públicos e infracción contra la salud pública. La abogada añadió que cuando Carabineros revisó los permisos afirmó que todos eran ilegítimos, porque raramente el código QR de verificación no coincidía con la web comisaría virtual. “Lamentablemente, sólo uno de ellos, Makendy St-Quitte, habla español y negó que su documento y el de sus compatriotas -a quienes no conocía- fueran adulterados, mientras que el resto de los haitianos no entendía por qué habían sido detenidos”, sostuvo.
La profesional comentó que para una mejor comprensión del proceso por sus representados, en la audiencia presentó a una interprete en creolé, quien tradujo los detalles y resoluciones a los inculpados. “El juez declaró ilegal la detención precisamente por la duda en la legitimidad de los permisos. Una vez concluida, pedí un informe a Carabineros sobre éstos y finalmente se ratificó que éstos eran legales”, resaltó. Finalmente, la defensora pública solicitó el sobreseimiento definitivo de las causas contra sus representados, decisión que fue ratificada recientemente por el tribunal, que decretó que los hechos no eran constitutivos de delito.
“El peor día de mi vida”
“Al detenernos le dije a Carabineros que cometían un gran error, que éramos pobres, que no teníamos medios para falsificar documentos. No escucharon y delante de mucha gente nos esposaron, grabaron y tomaron fotos haciéndonos sentir como delincuentes. Fue el peor día de mi vida”.
Así resume Makendy St-Quitte la experiencia que vivió la mañana del miércoles 26 de agosto de 2020. Recuerda que había una extensa fila afuera de la AFP y que la policía llegó con funcionarios de salud solicitando los permisos a la gente. Él lo había sacado a través de comisaría virtual y lo tenía archivado en su celular. Con una máquina escanearon el código QR y le dijeron que era falso. “Había otros tres compatriotas haitianos en la fila. No los conocía y extrañamente fuimos los únicos detenidos por tener permisos falsos y atentar contra la salud pública. Ellos no hablaban español, comenzaron a llorar. Nos registraron nuestras mochilas, ropas y celulares. Fue una total discriminación”, dice Makendy.
Luego explica que no recibieron malos tratos de los carabineros y que en la comisaría fueron encerrados junto a otras 19 personas en un calabozo. Al día siguiente, al comenzar la audiencia de control de detención, supieron que serían representados por la abogada Rosa Álvarez. “Ella trabaja super bien, es una gran profesional. Cuando hablamos por primera vez sentí confianza, porque me comprendió y principalmente nos creyó. Gracias a su trabajo pudo demostrarse la verdad, porque jamás falsificamos ningún permiso”, aclara St-Quitte.
Makendy quiere limpiar su nombre por esta injusticia. Reconoce que está molesto, porque si el escáner policial falló, pudo buscarse otra forma de confirmar que los documentos eran válidos sin que fueran inmediatamente detenidos y permanecieran en un calabozo durante 24 horas. “Cuando terminó la causa, esperaba que la Fiscalía y Carabineros nos pidieran disculpas. Lo merecemos por todo el daño y perjuicio que nos hicieron. No hicieron bien su trabajo, se burlaron de nosotros”, asegura.
Al finalizar, St- Quitte comenta que antes de venir a Chile vivió en Jamaica, Cuba y República Dominicana, donde fue traductor de creolé a español para una organización de derechos humanos. Por eso, con absoluto fundamento, señala que conoce muy bien sus derechos y que desafortunadamente en Chile hay una fuerte discriminación hacia el migrante. “Quiero que se demuestre nuestra inocencia porque acá estas situaciones siempre ocurren contra los migrantes, en los otros países que viví nunca fui detenido y humillado como me ocurrió aquí”.
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