La deuda que la Corporación Gabriel González Videla reconoció y olvidó pagar

En julio de 2025, la Corporación Municipal Gabriel González Videla firmó un cronograma para pagarle cerca de $2,5 millones a una pyme proveedora. No cumplió. Diez meses después le dijo a Contraloría que esa deuda ya estaba prescrita.

Las facturas son de 2023. Una, por $1.651.718, se emitió en julio; la otra, por $850.714, en diciembre. Ambas corresponden a equipos computacionales que una pequeña empresa de fuera de la región le vendió a la Corporación Municipal Gabriel González Videla (CMGGV) por Mercado Público. Casi tres años después, ninguna está pagada.

La empresa entregó a Red Comunales actas, oficios, reclamos y registros de lobby que permiten reconstruir el caso completo. Pidió reserva de identidad por temor a represalias. Por eso este medio publica los montos, pero omite los números de facturas, órdenes de compra, folios y reclamos.

Correos, llamadas y cinco solicitudes de audiencia

El cobro partió como parten todos: la empresa envió factura, orden de compra y número de despacho, y esperó. A los tres meses empezaron las llamadas y los correos. Las respuestas, cuando llegaban, repetían lo mismo: no hay presupuesto, a fin de mes se ve, la administración anterior dejó puras deudas. Después, según la pyme, dejaron de contestar.

Vinieron entonces los reclamos por pago no oportuno en Mercado Público y, desde marzo de 2025, la vía de la Ley del Lobby. El registro de InfoLobby muestra cinco solicitudes de audiencia de la empresa a la Corporación, dirigidas al coordinador del Departamento de Finanzas y al director de Administración y Finanzas. Solo una fue aceptada. Las otras cuatro (marzo de 2025, dos veces; diciembre de 2025 y abril de 2026) siguen en estado “ingresada”: nadie las respondió.

Quince minutos y un cronograma

La única audiencia aceptada se hizo el 24 de julio de 2025 por Google Meet. Duró quince minutos, de 12:03 a 12:18. Por la Corporación asistieron el coordinador general, la encargada de proveedores y un ejecutivo de cobranzas.

El acta N°183-2025, que Red Comunales tuvo a la vista, fija un cronograma: la factura menor se pagaría a fines de agosto y la mayor, a fines de septiembre de 2025. No hay ambigüedad en el texto. La Corporación identificó ambas facturas, con sus montos, y se comprometió a pagarlas.

No pagó ninguna.

La reunión tampoco quedó en el registro público. En el reporte de solicitudes de la empresa, la audiencia aparece aceptada y agendada para ese día. Pero en la ficha de la Corporación Municipal de La Serena en InfoLobby, revisada por este medio el 13 de octubre de 2026, el coordinador del Departamento de Finanzas que encabezó la reunión figura con cero audiencias. El director de Administración y Finanzas, a quien iba dirigida la solicitud, ni siquiera aparece entre los 41 sujetos pasivos que la Corporación ha informado a la plataforma.

“Obligaciones de carácter histórico”

Con el plazo vencido, la empresa denunció el caso ante la Contraloría General de la República. El organismo le envió un oficio a la Corporación el 18 de mayo de 2026. La respuesta llegó diez días después, firmada por el secretario general de la CMGGV, Eduardo Rodríguez Pinilla.

El oficio no menciona el acta de julio de 2025. Sostiene que las facturas son obligaciones “de carácter histórico”, anteriores a la administración que asumió el 6 de diciembre de 2024. Agrega que la acción ejecutiva para cobrarlas está prescrita, porque pasó más de un año desde su vencimiento, como fija el artículo 10 de la Ley 19.983.

De ahí la Corporación salta a una conclusión más fuerte: sin una obligación exigible, no tiene título para gastar fondos públicos en ese pago. Hacerlo, advierte, podría comprometer la responsabilidad administrativa de quien lo autorice.

El 9 de junio la empresa envió una carta de cobro con el acta adjunta y un plazo de tres días hábiles. No hubo pago ni respuesta. Presentó una nueva denuncia en Contraloría, que a la fecha de esta publicación tampoco ha tenido respuesta.

Lo que prescribe y lo que no

El argumento de la Corporación mezcla dos cosas que los tribunales suelen separar.

El plazo de un año de la Ley 19.983 rige para la acción ejecutiva: el cobro rápido, en que la copia de la factura funciona por sí sola como título. Que esa vía prescriba no extingue la deuda. En un fallo de 2019, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó aplicar ese año a un juicio de cobro de pesos y aplicó el plazo general de cinco años del artículo 2515 del Código Civil. Para facturas de 2023, ese plazo sigue corriendo.

Hay un segundo punto, quizás el más complicado para la Corporación. El artículo 2494 del Código Civil permite renunciar a la prescripción de forma tácita, pero solo después de cumplida. La Corte de Apelaciones de Santiago ha entendido que un acto que reconoce la obligación, hecho cuando la prescripción ya operó, es una renuncia tácita.

Según las fechas de emisión, el año de la Ley 19.983 ya había corrido para ambas facturas cuando la Corporación firmó el cronograma, en julio de 2025. Es decir, alegó en 2026 una prescripción que ella misma pasó por alto un año antes, al reconocer la deuda por escrito. Si eso basta para obligarla a pagar es algo que tendría que resolver un tribunal.

Dos instituciones que no fueron diseñadas para cobrar

La empresa siente que el Estado la dejó sola. “¿O ambas están de adorno solo para decir que existen?”, escribió a este medio sobre la Ley del Lobby y la Contraloría.

Parte de la respuesta está en cómo funcionan. La Ley del Lobby es un registro de transparencia: obliga a dejar constancia de las reuniones, no a cumplir lo que en ellas se acuerda. Y es la propia institución la que sube la información a InfoLobby. Si no lo hace, como ocurrió con la audiencia de julio de 2025, nadie la obliga a corregirlo.

La Contraloría, por su parte, no interviene en asuntos de carácter litigioso, según el artículo 6 de su ley orgánica (Ley 10.336). Un cobro de facturas discutido cae en esa categoría. En la práctica, el organismo derivó la denuncia a la entidad denunciada y esta respondió con la prescripción.

Para una pyme, el resultado es el mismo: la única puerta que queda es un juicio, con costos de abogado y plazos que una empresa pequeña difícilmente absorbe.

Un caso que no parece aislado

Los propios documentos de la Corporación sugieren que esta pyme no es la única en la fila. En el oficio a Contraloría, la CMGGV reconoce haber recibido “un alto volumen de pasivos con proveedores”, cuyo monto todavía está reconstruyendo. En junio de 2025, la misma entidad informó una deuda previsional sobre los $34.300 millones, según un comunicado oficial.

La respuesta al último reclamo en Mercado Público, de agosto de 2026, va en otra dirección que el oficio. Ahí la Corporación explica que está traspasando Salud y Cementerio al municipio y que prepara su cierre, que según Contraloría debe hacerse con deuda cero. La atención primaria ya pasó a gestión municipal el 1 de febrero de 2026. Cuando termine el levantamiento de la deuda, dice el texto, la Corporación “podría presentar en marzo una propuesta de pago” según prioridad y recursos disponibles. El reclamo quedó marcado como “finalizado”.

Según la empresa, se trata de una respuesta estándar que la Corporación usa en otros reclamos. Este medio no pudo verificar cuántos proveedores tienen pagos pendientes con la CMGGV.

En mayo, la Corporación dijo que pagar sería ilegal. En agosto, que podría proponer un plan de pago en marzo. Las dos respuestas se refieren a las mismas facturas.

El 14 de octubre, Red Comunales envió consultas a la Corporación Municipal Gabriel González Videla. Preguntó por el incumplimiento de los cronogramas de pago firmados en audiencias de lobby y por la contradicción entre la prescripción alegada ante Contraloría y la propuesta de pago anunciada para marzo. También consultó por qué esas audiencias no figuran en InfoLobby y cuántos proveedores tienen pagos pendientes. Hasta el cierre de esta edición, la Corporación no ha respondido. Esta nota se actualizará si lo hace.

Nota de la redacción: a petición de la fuente, que teme represalias, Red Comunales omite su identidad y los números de facturas, órdenes de compra, folios de lobby y reclamos. Los documentos citados están en poder de este medio.