Con 22 días de atraso, fiscal regional Cooper permite obtener copias de carpeta investigativa en caso ProCultura

El 7 de abril pasado se terminó el secreto de la indagatoria a cargo del fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper. Sin embargo, sólo hoy lunes 5 de mayo las copias se pudieron retirar por parte de los intervinientes. Fiscalía atribuye demora a “problemas técnicos vinculados a la carga de la carpeta”.

Tras sospechas de una dinámica dilatoria, dada a conocer por diario La Tercera, los abogados intervinientes tanto defensores como querellantes en el caso ProCultura, que destapó el traspaso de millonarios recursos de fundaciones, pudieron recién durante esta jornada acceder a la carpeta investigativa del caso que lleva el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, 22 días después del plazo establecido.

Esto por cuanto el Código Procesal Penal establece que un fiscal puede mantener bajo secreto los antecedentes de la carpeta por solo por 40 días y con la posibilidad de ampliarlo una vez por el mismo periodo y con motivos fundados, lo que acá no se cumplió.

A diferencia de causas normales, el equipo de Cooper creó un correo especial solo para el caso ProCultura pero, según el matutino, “cada vez que ha habido alguna ventana para hacerlo, por parte de los fiscales del caso -además de Cooper participan los fiscales Eduardo Yáñez y Ricardo Soto- han surgido trabas administrativas o problemas técnicos. Todo siempre con comunicaciones que se responden con atraso. Entre los intervinientes cuentan que la maniobra de Cooper se explica por el hábil manejo que le ha dado a una causa que no está agrupada y que tiene varias aristas -cada una con un Rol Único de Causa (RUC)- a lo largo de todo Chile”, se indica.

Cooper recibió la investigación de ProCultura cuando el fiscal nacional, Ángel Valencia, se vio en la obligación de sacar de la investigación al suspendido fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, por sus vínculos con el abogado Luis Hermosilla y con Gonzalo Migueles, la pareja de la destituida exsuprema, Ángela Vivanco.

Manejar la causa con distintos RUC, según comentan los intervinientes, le ha permitido intercalar el secreto de cada una de esas aristas. De esta manera, cuando se vencía la reserva de una, Cooper dejaba en secreto otra, y como todas las aristas son parte del mismo caso, entregar copia de una carpeta pone en riesgo la reserva del resto.

Solicitud de Remoción

La tardía entrega de las copias pilla al fiscal regional con una solicitud de remoción en su contra ante el pleno de la Corte Suprema.

Cooper arriesga ser removido del Ministerio Público por otro de los casos que está bajo su responsabilidad: Sierra Bella.

Fueron 10 diputados oficialistas -del PS, FA y PC- los que en marzo pasado pidieron que sea removido de la institución por negligencia manifiesta (incautación a la expresidenta de la Cámara Karol Cariola (PC) cuando estaba dando a luz su primogénito,); También se le acusa de “negligencia manifiesta en el cumplimiento de la obligación de reserva en el ejercicio de la función investigativa”, referida a la filtración de los chats entre la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC) y Karol Cariola (PC), y que nada tenían que ver, por lo demás, con los delitos investigados.

El otro antecedente es que Cooper solicitó intervenir el teléfono del exjefe de asesores de La Moneda, Miguel Crispi (FA), además de querer incautar los teléfonos de la exsenadora Isabel Allende (PS), de la exministra Maya Fernández (PS) y de otros asesores que participaron de la revisión de la fallida compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende. Esto último, no fue permitido por el juez Cristian Azócar, del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.

Adicionalmente, el fiscal Cooper también habría pedido escuchar las conversaciones telefónicas del propio Presidente de la República, Gabriel Boric, lo que supondría un problema de seguridad nacional, según algunos parlamentarios.

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