Fiscalía Regional abre investigación por filtraciones del caso ProCultura

Tras la solicitud de destitución del persecutor regional, Patricio Cooper, por filtraciones por el caso Sierra Bella que se tramita en la Corte , la fiscalía presentó una denuncia por la entrega de antecedentes reservados a medios de comunicación por ProCultura. Estrategia del persecutor busca demostrar que mientras mantuvo en secreto la investigación, no hubo filtraciones del caso distribuido en distintos RUC.

La Fiscalía Regional de Coquimbo inició una investigación y presentó una denuncia por la filtración de antecedentes reservados del caso ProCultura tras su publicación en medios de prensa después del 7 de mayo. Ese día concluyó la entrega de copias del expediente a los intervinientes, luego del levantamiento del secreto, 22 días después de concluido el plazo legal.

La causa busca identificar responsables de la posible revelación de secretos, en virtud del artículo 182 del Código Procesal Penal, en una de las indagatorias más delicadas de la región.

“Dado que en los últimos días y en forma posterior a la entrega de copias a los intervinientes se observó la publicación de contenidos de la investigación en diversos medios de prensa, la Fiscalía Regional de Coquimbo realizó la denuncia y la apertura de oficio de una investigación por el posible delito de revelación de secretos para determinar responsabilidades conforme al artículo 182 del Código Procesal Penal. La Fiscalía Regional de Coquimbo reitera a la comunidad su compromiso con la legalidad vigente, actuación con reserva y respeto a las garantías que todo ciudadano tiene en un proceso penal”, señala un comunicado hecho llegar sólo a algunos medios de comunicación ayer por la tarde.

Estrategia de Defensa

Según antecedentes proporcionados por juristas y que El Serenense resguarda su identidad, el fiscal regional pretende demostrar, mediante una estrategia de manual, que no ha sido él quien ha filtrado antecedentes. Por eso demoró 22 días más que el plazo legal en la entrega de las carpetas investigativas a los intervinientes, permitido por los distintos RUC, periodo donde supuestamente no habrían ocurrido fugas.

Todo en medio del proceso de destitución del cargo que se desarrolla en paralelo en su contra, en otro caso, el de Sierra Bella, donde se difundieron las conversaciones privadas entre la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler y la diputada Karol Cariola, ambas del Partido Comunista, donde se criticaba al Presidente Boric, y la incautación del teléfono de la expresidenta de la Cámara mientras estaba pariendo en un centro hospitalario. La acusación la realizan 10 diputados oficialistas.

En parte del comunicado por ProCultura, se señala que “la fiscalía asumió la investigación de dicha causa en el mes de junio 2024 y se definió un equipo de trabajo que comenzó con la realización -en forma reservada- de una serie de diligencias en 8 regiones del país”.

Luego da cuenta de una serie de gestiones. “Entre ellas, se cuentan 172 diligencias encomendadas a la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), consistentes en órdenes de investigar, instrucciones particulares y requerimientos de información; 15 solicitudes formuladas ante tribunales de garantía; 14 requerimientos de información dirigidos a entidades privadas; entradas y registros en 14 domicilios ubicados en la Región Metropolitana y en dos domicilios de la Región del Biobío, con incautación de diversas especies. Asimismo, se ha tomado alrededor de 190 declaraciones de personas, provenientes de diversas regiones del país, tales como Antofagasta, Metropolitana, Biobío, Ñuble, Magallanes y Valparaíso.

Investigación Reservada

El escrito oficial señala que “durante el proceso, las acciones investigativas se desarrollaron conforme a la reserva que impone el artículo 31 de la ley 19.913 sobre lavado de activos para terceros ajenos e incluso los intervinientes del proceso. Es así como, con fecha 9 de abril de 2024, se decretó la primera reserva de la investigación, la cual fue ampliada por un plazo de seis meses. Posteriormente, en el mes de octubre de 2024, se solicitó una segunda ampliación de dicha reserva, la que fue autorizada por diversos Juzgados de Garantía, entre ellos los de Antofagasta, Copiapó, Valparaíso, Séptimo de Garantía de Santiago, Chillán, Concepción, Porvenir y Coyhaique, también por un período de seis meses”.

Se añade que “la reserva decretada venció entre los días 2 y 6 de abril de 2025, según cada tribunal. En virtud de lo anterior, la Fiscalía Regional de Coquimbo comenzó a recibir múltiples solicitudes de entrega de copias por parte de los intervinientes. Dado lo anterior, y en cumplimiento de las normas del Código Procesal Penal y del Instructivo N° 983, de fecha 16 de octubre de 2024, dictado por el señor Fiscal Nacional, el pasado 5 de mayo 2025 se cumplió con la entrega de los antecedentes a las partes querellantes y defensoras”

De esta manera, la fiscalía deja en claro que “el lunes 5 de mayo se entregó copia a 8 intervinientes; el martes 6 de mayo a 6 intervinientes; el miércoles 7 de mayo a 2 intervinientes; el jueves 8 de mayo a 4 intervinientes y el viernes 9 de mayo a una parte interviniente”.

Con ello, se quiere demostrar que las filtraciones ocurrieron desde que las carpetas fueron entregadas y no antes.

En tanto, la defensa de la psiquiatra Josefina Huneeus presentó un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta por la interceptación telefónica de su celular. Acusan que fue escuchada ilegalmente por más de cuatro meses, incluyendo una llamada con el Presidente Boric.

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