Consulta Indígena en Elqui avanza con participación de pueblos originarios

Cerca de cincuenta representantes de pueblos indígenas de las comunas de La Higuera, La Serena, Coquimbo, Vicuña, Paihuano y Andacollo participaron en la segunda etapa del proceso de Consulta Indígena sobre áreas protegidas y sitios prioritarios, en el marco de la implementación de la Ley N° 21.600.

La actividad se realizó en el salón de eventos del Museo Arqueológico de La Serena y congregó a integrantes de los pueblos Diaguita, Mapuche y Chango. El encuentro tuvo como objetivo informar sobre los reglamentos que regularán la gestión de áreas naturales, así como los alcances de la nueva normativa que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

Durante la jornada, los asistentes pudieron plantear consultas, observaciones y dudas respecto al proceso, considerado clave para la toma de decisiones futuras. En la ocasión, el seremi del Medio Ambiente de la Región de Coquimbo, Leonardo Gros Pérez, destacó la relevancia de un trabajo colaborativo. “Es importante que conozcan bien el proyecto, que lo analicen, debatan y puedan opinar de manera informada. Lo que buscamos es un modelo de gestión ambiental inclusivo, respetuoso de los derechos indígenas y que cumpla con los compromisos internacionales en materia medioambiental y de derechos humanos”, afirmó la autoridad regional.

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El proceso contempla distintas fases; la etapa de información, es donde las comunidades reciben antecedentes sobre la normativa, luego viene la fase deliberación interna en que cada comunidad dialoga con sus miembros y un asesor de confianza, para analizar los contenidos y definir posiciones propias. Tras ello, se avanza hacia el diálogo regional y nacional, instancia en la que participan los representantes que fueron elegidos de manera democrática por las comunidades indígenas, quienes llevan la voz colectiva a las siguientes etapas de discusión.

La consulta se enmarca en la implementación del Convenio 169 de la OIT, que reconoce el derecho de los pueblos originarios a ser consultados sobre políticas que afecten sus territorios, recursos naturales y tradiciones. Asimismo, responde a las demandas históricas de las comunidades indígenas en Chile por una mayor participación en las decisiones que impactan su desarrollo y patrimonio cultural.

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