Contraloría actuó de manera ilegal y arbitraria sobre funcionaria municipal

Corte de La Serena ordenó al entre contralor a disponer medidas para pagar remuneraciones adeudadas a trabajadora municipal.
 
La Corte de Apelaciones de La Serena acogió el recurso de protección interpuesto por una funcionaria municipal en contra de la Contraloría General de la República, y ordenó el pago de sus remuneraciones por el tiempo que estuvo separada de su cargo, luego que la entidad invalidara su contrata al establecer que subsistiría parentesco por afinidad entre cónyuges pese a que se encontraba divorciada hace 3 años. Sin embargo, el fallo para conocimiento público, mantuvo en reserva de cuál municipalidad se habla.

En fallo unánime, la Primera Sala del tribunal de alzada –integrada por el ministro Carlos Jorquera Peñaloza, la fiscala judicial Pilar Aravena Gómez y el abogado (i) Jorge Fonseca Dittus– acogió la acción constitucional tras establecer el actuar arbitrario e ilegal del ente contralor, pese a Contraloría Regional de Coquimbo, luego de un recurso de reposición presentado por la recurrente y la municipalidad resolvió en agosto pasado dejar sin efecto la invalidación de la contrata.

“Que, si bien el ente contralor alegó la falta de oportunidad respecto la acción interpuesta, en razón de que un nuevo estudio de los antecedentes de la funcionaria dejó sin efecto el razonamiento impugnado, esto no descarta un actuar arbitrario, toda vez que de una falta de motivación y justificación, desatendiendo a los antecedentes de hecho que desvirtúan la interpretación arribada, se privó a la actora de su cargo y remuneraciones, atentando contra su derecho de propiedad, lo que motiva a que el presente recurso sea acogido”, plantea el fallo.

“Que, atendida la naturaleza de los hechos y habiéndose privado a la actora de su remuneración, se impondrá la condena en costas a la recurrida”, agrega.

Por tanto, se resuelve que: “SE ACOGE, con costas, la acción constitucional interpuesta (…) en contra de la Contraloría General de la República, sólo en cuanto la recurrida deberá disponer las medidas tendientes al pago de las remuneraciones de la funcionaria durante el tiempo que duró su separación del servicio”.

Tras la comunicación de la resolución, la fiscala judicial sostuvo que “la Primera Sala de esta Corte de Apelaciones acogió un recurso de protección interpuesto en contra de la Contraloría General de la República de Coquimbo. Esto porque ordenó invalidar una contrata respecto a una funcionaria municipal teniendo una interpretación errada respecto del parentesco por afinidad. Al respecto, no existe este parentesco cuando los cónyuges se encuentran divorciados, como es el caso en comento. La Contraloría reconoció su error, invalidó la primera resolución, pero quedó un vacío respecto de la remuneración, si era o no que debía pagarse. Esta Corte acoge el recurso protección señalando de que se había vulnerado el derecho de propiedad y por lo tanto ordenó que se tenía que pagar la remuneración respectiva”.