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Contraloría entregó informe y sanciona a la ex intendenta Lucía Pinto y varios involucrados por caso Papayagate

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En agosto de 2020 la Contraloría General de la República (CGR) ordenó realizar un sumario en la ahora ex Intendencia de Coquimbo por la compra de terrenos por 9.800 millones de pesos, pese a que su valor comercial era casi la mitad. El hecho derivó en una investigación de la Fiscalía de Valparaíso por fraude al fisco que terminó con la renuncia obligada de la entonces intendenta UDI Lucía Pinto Ramírez, ordenada desde el Ministerio del Interior de la administración Piñera, el 26 de septiembre del mismo año.

Como no hay plazo que no se cumpla, el organismo de control finalizó la indagatoria administrativa y aplicó duras sanciones por hechos de corrupción, que constan en un documento de 322 páginas que reveló íntegramente el canal Chilevisión.

La principal sancionada es precisamente Pinto, respecto de quien la CGR propuso la destitución “por haber infringido gravemente el principio de probidad (…)”.

Se trata de la mayor sanción administrativa que contempla la Ley General de Bases de Administración del Estado que rige a los funcionarios públicos. Como el organismo fiscalizador propone el castigo, quien debe confirmarlo o rebajarlo es el Presidente de la República, Gabriel Boric.

Una sanción similar fue sugerida en contra del ex secretario de Planificación de la Municipalidad de La Serena José Cáceres Rojas y el ex director jurídico del Gobierno Regional (GORE) Eduardo Espinoza Rodríguez.

En el caso de ambos, será el gobernador regional el encargado de aplicar la sanción si lo estima pertinente. Actualmente, el cargo es ocupado por la arquitecta Krist Naranjo, cercana a La Moneda.

Si ambas autoridades resuelven confirmar la propuesta de la CGR los afectados no podrán trabajar durante cinco años en el Estado. Cumplido el plazo deben recurrir por escrito al Mandatario en ejercicio, que puede aprobar o rechazar la habilitación sin expresión de causa.

La entidad de control también sugirió sancionar al ex secretario comunal de Planificación de la municipalidad de La Serena, Sergio Rojas, con tres meses de suspensión del cargo y goce de medio sueldo.

Le sigue la funcionaria de la Seremi de Desarrollo Social de Coquimbo Marinka Norero Duarte, con 30 días de suspensión del empleo por 30 días y un 50% de la remuneración. Igual situación enfrenta Tatiana Rentería Luco, quien se desempeña en la misma repartición, de acuerdo al documento.

La ex jefa de Finanzas del Gobierno Regional, Lorena Araya Troncoso, un diez por ciento del sueldo. Su colega Eduardo Becerra Fuentes un 15% menos del sueldo; la ex jefa de Inversiones y Presupuestos del GORE Rocío Ramírez con un 20% de su paga.

Actualmente la persecutora regional del Ministerio Público de Valparaíso, Claudia Perivancic, es la encargada de la indagatoria  por orden del fiscal nacional.

De acuerdo a los datos obtenidos , Perivancic ha realizado una serie de diligencias. El sumario de la Contraloría -que será integrado a la carpeta de investigación- le permitirá ahondar en la convicción procesal y mejorar su teoría del caso con miras a una eventual formalización por fraude al fisco en contra la ex intendenta Lucía Pinto.

Todavía falta por recorrer en el caso, pues la Contraloría es un órgano fiscalizador y ahora viene la arista judicial.

CONSEJO DEFENSA DEL ESTADO

De acuerdo al Consejo de Defensa del Estado que interpuso querella, los tres implicados incumplieron dolosamente los deberes de sus cargos, logrando adquisiciones mediante trato directo y por montos cuantiosamente sobrevalorados, pese a saber de tasaciones que valoraban en menos del 50% del precio.

La historia fue dada a conocer por en septiembre de 2020 y la Fiscalía investiga la adquisición irregular de terrenos por $9.800 millones para la construcción de un centro deportivo en La Serena.

La Intendencia aprobó cuatro contratos pese a que la Contraloría los rechazó uno a uno al no apegarse a la legalidad, por lo cual nunca pasaron por la toma de razón correspondiente.

(Fuente CHV)

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