Exclusivo: Condenan al Gobierno Regional a pagar $12 millones por acoso laboral

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Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena acogió demanda interpuesta por la abogada Patricia Figueroa Canales, profesional de la Unidad de Jurídica del GORE, quien recibió permanente menoscabo durante la administración de la exgobernadora Krist Naranjo.

En un fallo que marca precedentes, la juez titular del Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena, Karen Alfaro López, resolvió acoger la acción de tutela laboral presentada por la abogado Patricia Figueroa Canales, funcionaria del Gobierno Regional de Coquimbo, sólo en cuanto se declara que el GORE incurrió en conductas de acoso laboral que vulneraron el derecho fundamental a la integridad psíquica de la demandante.

A raíz de ello, en la causa RIT T-52-2024 y RUC 24-4-0553677-K, se deja sin efecto el cambio de
funciones y nueva destinación a la División de Presupuesto e Inversión del Gobierno Regional de Coquimbo, notificada a la demandante el 19 de diciembre de 2023, para hacerse efectiva a partir del 01 de enero de 2024, disponiéndose que se restituya a doña Patricia Figueroa Canales en su cargo y funciones como abogada del Departamento Jurídico del Gobierno Regional de Coquimbo, dentro de quinto de día de ejecutoriada la presente sentencia.

Además, se sentenció al pago por indemnización por daño moral de $12.000.000 (doce millones de pesos).

Clases de Derechos Fundamentales

Además, la juez determinó que el GORE Coquimbo deberá realizar una capacitación a toda la dotación del Gobierno Regional, sobre la protección de derechos fundamentales en la Administración Pública, actividad que deberá ser dictada por un profesional experto en la materia, con formación en Derecho Laboral y Seguridad Social, en grado de Magister, y que haya realizado al menos 5 publicaciones en revistas o al menos un libro sobre la materia.

La capacitación deberá tener una duración no menor a 12 horas cronológicas, en modalidad presencial o remota, pero debiendo ser al menos 3 sesiones presenciales, en un plazo de 4 meses desde que se certifique la ejecutoriedad de la sentencia.

Los Hechos

Patricia Figueroa es una abogado que ingresó a trabajar al Gobierno Regional de Coquimbo hace 16 años, teniendo la primera antigüedad, llegando a asumir la jefatura del Departamento Jurídico.

En esa condición, Figueroa se “representó”, mecanismo que se traduce en rehusarse a firmar un documento alejado a la legalidad, en cuanto al Festival Regional de las Artes y el Patrimonio Ilumina 2023, el cual finalmente no se realizó, y que era proyecto “estrella” de la destituida exgobernadora Krist Naranjo.

“Estando como encargada del departamento jurídico en calidad de subrogante, y siempre apegada a la legalidad, representó a través de correo electrónico de fecha 30 de octubre de 2023, la ilegalidad del Convenio para la ejecución del “Festival Regional de La Artes y la Sustentabilidad Ilumina 2023”, a cargo de Teatro Puerto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 del Estatuto Administrativo, para salvaguardar cualquier tipo de responsabilidad, al no cumplirse con los requisitos establecido en la Circular 20 del Ministerio de Hacienda.

Igualmente, advirtió la ilegalidad de la transferencia de recursos desde el Gobierno Regional a los distintos municipios de la Región, con cargo al subtítulo 33 del Presupuesto de Inversión, esto es, destinación del 2% de emergencia y sequía, establecido en la Ley 21.516, por trasgredir de manera manifiesta las normas contenidas en la Resolución 30 de Contraloría y en la Circular 20 del Ministerio de Hacienda.

Refiere que posterior a estas indicaciones, advertencias y representaciones que realizó, la relación con su jefatura directa fue disminuyendo de manera paulatina y sin razón plausible, comenzando a sufrir un hostigamiento laboral, ya no era convocada a las reuniones de coordinación que se efectuaban con los distintos Jefes de División, siendo también excluida, en virtud de instrucción de la propia Gobernadora Regional, del conocimiento de todas aquellas materias que la Contraloría Regional de Coquimbo solicitaba a través de informe y de aquellas en que se pronunciaba sobre materias propias del Gobierno Regional de Coquimbo, siendo designado para tales efectos el abogado Ignacio Montecino Fernández, del Departamento Jurídico, quién había hecho ingreso al servicio hace pocos meses y respecto del cual debía relevarlo, sin recibir ninguna comunicación de los motivos que generaron este cambio, pese a que las facultades de jefatura radicaban en ella”, sostiene parte del documento.

Castigo y Persecución

Agrega que, partir de fines de octubre de 2023 en adelante, “fue aislada por su jefatura (Krist Naranjo) en materias relevantes en las cuales antes sí tenía incidencia. Pasó a laborar en un ambiente veladamente hostil, donde no tenía posibilidad de conocer ni mucho menos opinar sobre materias cuyas consecuencias podrían ser relevantes para los procesos internos, incluso con eventuales responsabilidades administrativas para el servicio.

Añade que, en el mes de noviembre de 2023, la denunciada contrató una persona para ejercer labores administrativas en el Departamento Jurídico, información que nunca le fue puesta en conocimiento, pese a estar como encargada el departamento, anulando de esta manera su labor de jefatura.

La demanda indica que el 18 de diciembre de 2023, se le informa del cambio de la subrogancia recayendo en el abogado Mario Espíndola Rivera, en circunstancias que ello no podía ocurrir por cuanto ella detentaba la primera antigüedad. Al percatarse de lo irregular al cambio, el día 20 de diciembre de 2023 y mediante correo electrónico, se le informa por parte de la Administradora Regional de entonces, Karina Aguirre Cerda, que se mantiene la subrogancia en su persona hasta el 31 de diciembre de 2023, ambas decisiones por instrucción de la
Gobernadora Regional.

Sin perjuicio de lo anterior, el 19 de diciembre de 2023, se le informa por parte de la Administradora Regional sobre un formulario que contenía el cambio de sus funciones a partir del 01 de enero de 2024, consistente en su reasignación a la División de Inversión y Presupuesto, sin fundamento alguno, el cual no firmó por no estar de acuerdo.

Sostiene que dicha decisión fue arbitraria, toda vez que no se encuentra fundamentada ni expresada en un acto administrativo, y que además la División de Inversión y Presupuesto no contempla en su actual organigrama el cargo de un abogado.

Alega que el traslado de funciones, como una especie de castigo, constituye un manifiesto acto de maltrato y menoscabo laboral y profesional afectando su salud física y psíquica.