Cámara de Comercio y Turismo de La Serena pide regularizar a trabajadores extranjeros ante masivas fiscalizaciones de la PDI

Tras el aumento de operativos migratorios en locales comerciales de La Serena, el gremio alertó sobre el grave impacto económico de despedir a empleados indocumentados. La asociación solicitó al Gobierno establecer mecanismos de formalización laboral para evitar demandas contra las pymes, la pérdida de capital humano y el aumento de la informalidad.

El aumento de los controles migratorios en la región ha encendido las alarmas en el sector privado. Pese a cumplir con la normativa laboral y los contratos vigentes, los locatarios enfrentan sanciones e incertidumbre debido a la falta de documentación de su personal. Al respecto, el presidente de la Cámara de Comercio y Turismo de La Serena, Carlos Orrego Torrico, señaló la postura de la mesa directiva frente a este escenario:

“Queremos manifestar la profunda preocupación que se está generando con las fiscalizaciones que está haciendo la PDI a los locales comerciales por un tema migratorio, entendiendo que están en su justo derecho de acuerdo a lo que les permite la ley. Si bien las empresas que han fiscalizado tienen todo en orden referente a los trámites relacionados con la Dirección del Trabajo y la contratación, no ocurre así con la situación migratoria”

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Uno de los principales problemas para los empleadores radica en la falta de herramientas legales para proceder con las desvinculaciones sin infringir la ley. El dirigente enfatizó que exigir la salida de estos dependientes representa un costo inasumible, exponiendo a las pymes a futuros conflictos judiciales al no existir claridad sobre los códigos de despido:
“El Estado no ha aclarado cómo poder hacer la desvinculación sin que nos enfrentemos posteriormente a demandas de los mismos trabajadores. Hay personas que puedan tener hijos acá, o que mientras estaban trabajando hayan sido mamás, y en definitiva, ahí los protege más aún la ley”, explicó.

En esa misma línea, Carlos Orrego agregó: “el Gobierno no ha sido claro con respecto a cuáles son los artículos que nosotros podríamos citar para que estas personas salgan adecuadamente del país, y por otro lado, los empresarios nos vemos enfrentados a gastos que son onerosos. Esto cobra mayor relevancia, considerando que hoy se están haciendo cruces de información con las AFP que revelan a miles de personas en esta situación a nivel nacional”.

A la inestabilidad jurídica se suma la pérdida del equipo que ha sido formado por los propios empresarios, así como el riesgo social de dejarlos sin sustento económico de un día para otro. Sobre esta disyuntiva, el líder gremial advirtió: “Se va a ver afectada la empleabilidad absolutamente porque, en definitiva, no sé si vamos a contratar a la misma cantidad de personas que hoy están, ni tampoco con las mismas habilidades. Nosotros como empresa muchas veces capacitamos, orientamos y vamos perfeccionando a nuestro equipo. Si nosotros como empresarios empezamos a despedir a estas personas, van a quedar sin empleo; no digo que van a empezar a delinquir, pero van a entrar en la informalidad”.

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Frente a la situación, la asociación insta a las autoridades a establecer un trabajo conjunto que permita dar certezas a quienes ya están insertos en el mercado, separando claramente esta política de la persecución penal.

“Están todas las formas de poder regularizarlos, y en vez de que la PDI esté fiscalizando y pasando multas, podríamos nosotros hacernos parte para que estas personas pasen por un proceso de regularización, sobre todo los que están empleados. La delincuencia es un tema aparte; compartimos que el Ministerio de Seguridad busque a esos delincuentes y los saque del país, pero mientras sean trabajadores, es una alternativa viable para las empresas seguir con ellos”, puntualizó.

De esta manera, desde la Cámara hacen un llamado urgente al Ejecutivo y a la Dirección de Migraciones para priorizar la estabilidad de las pymes y la fuerza laboral de la zona. El objetivo es evitar una crisis mayor en el comercio local, avanzando hacia soluciones concretas que garanticen la seguridad pública sin sacrificar la productividad ni la empleabilidad en la región.