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SII se querella contra 6 inmobiliarias de La Serena por declaraciones de impuestos maliciosamente falsas

El Servicio de Impuestos Internos se querelló contra los representantes legales de seis inmobiliarias de la Región de Coquimbo: Guayacán S.P.A., Inmobiliaria La Herradura S.P.A., Inmobiliaria La Serena S.P.A., Inmobiliaria El Faro S.P.A., Inmobiliaria Pan de Azúcar S.P.A. e Inmobiliaria Cerro Grande S.P.A.

Según explicó el SII en un comunicado, el origen de esta causa se encuentra en una investigación por fraude al Fisco que involucra al Gobierno Regional de Coquimbo, que en el año 2020 compró a las referidas empresas seis inmuebles por “un precio muy superior al valor real de mercado”.

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Red Comunales

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El Servicio de Impuestos Internos se querelló contra los representantes legales de seis inmobiliarias de la Región de Coquimbo: Guayacán S.P.A., Inmobiliaria La Herradura S.P.A., Inmobiliaria La Serena S.P.A., Inmobiliaria El Faro S.P.A., Inmobiliaria Pan de Azúcar S.P.A. e Inmobiliaria Cerro Grande S.P.A.

La acción legal imputa el delito tributario de presentación de declaraciones de impuestos maliciosamente falsas y se dirige contra Lorenzo Iduya Ortiz de Luzuriaga, Nicolás Bakulic Govorcin, Karim Daire Daud y Manuel Daire Daud, además de “todos quienes resulten responsables”.

Según explicó el SII en un comunicado, el origen de esta causa se encuentra en una investigación por fraude al Fisco que involucra al Gobierno Regional de Coquimbo, que en el año 2020 compró a las referidas empresas seis inmuebles por “un precio muy superior al valor real de mercado”.

Sin contar con aprobación de Contraloría, el GORE desembolsó 9.000 millones de pesos por dichos bienes raíces, “monto muy superior” a los 485 millones 229 mil 830 pesos por los que las firmas los adquirieron en 2014. En el marco de su investigación, la Fiscalía informó los antecedentes a Impuestos Internos para determinar la posible existencia de delitos tributarios.

“Luego de revisar los antecedentes de la carpeta investigativa que llevaba el Ministerio Público por fraude al fisco asociado a esta compra, el SII logró detectar que el costo tributario de los inmuebles al momento de su venta era efectivamente excesivo, por lo que inició un proceso de auditoría tributaria para fiscalizar el correcto cumplimiento de la declaración y pago del Impuesto a la Renta de Primera Categoría y del Impuesto Único del artículo 21 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, correspondiente al año tributario 2021, con la finalidad de detectar si determinación del costo directo de los terrenos para el período comercial 2020, por parte de las sociedades mencionadas, fuera el que correspondía”, relató el Servicio.

A partir de esa auditoría “se pudo determinar que efectivamente el costo directo de los bienes raíces vendidos al Gobierno Regional de Coquimbo, por parte de las sociedades inmobiliarias, había sido incrementado de manera maliciosa mediante un proceso de reorganización empresarial injustificado, a través del cual imputaron como costo más de $3.881 millones, como consecuencia de un aumento de capital ficticio (suscrito, no pagado)”.

Con esta información a mano, el SII inició la recopilación de antecedentes contra las seis sociedades, “lo que permitió detectar que las declaraciones anuales de impuesto a la Renta, correspondientes al Año Tributario 2021, fueron presentadas de manera maliciosamente falsa, debido a que el costo tributario declarado en ellas fue generado artificialmente, mediante una planificación tributaria fraudulenta”, detalló el organismo.

El objetivo de esta operación “fue disminuir la base imponible del impuesto (…) que se generaría con ocasión de la enajenación de bienes raíces de propiedad de las empresas ya indicadas”, enfatizó el SII, que calcula un perjuicio fiscal por concepto de impuesto a la renta de unos 900 millones de pesos.

Marcelo Freyhoffer, subdirector jurídico del SII, señaló que esta arremetida legal busca “entregar un mensaje claro: nadie debe afectar el desarrollo de nuestra sociedad al no pagar correctamente sus impuestos”.

“Buscamos un efecto ejemplarizador, que desincentive a otros a realizar este tipo de delitos”, agregó el funcionario, según una declaración difundida por el organismo.

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