Amplían querella contra exdirectora de Salud de la Corporación Municipal GGV de La Serena

Según los antecedentes entregados al tribunal, habrían existido órdenes de pago sin respaldo suficiente, contratos a honorarios inexistentes o defectuosos, y conformidades de servicios sin verificación material, lo que habría contribuido al deterioro financiero de la entidad privada que funciona con recursos públicos.

Una ampliación de la querella criminal vigente en contra exfuncionarios de la Corporación Municipal Gabriel González Videla de La Serena, presentó ante el Juzgado de Garantía el abogado Gonzalo Pinochet.

El documento apunta contra una supuesta administración desleal por parte de la exdirectora del Departamento de Salud, Lorena Casarín, tipificado en el artículo 470 N°11 del Código Penal.

Según se informó, la acción judicial se sustenta en nuevos antecedentes que dan cuenta de pagos improcedentes y deficiencias graves en los controles internos durante el periodo
comprendido entre 2013 y 2024, que habrían afectado la ejecución presupuestaria, la rendición de cuentas y el correcto uso de los recursos destinados a la Atención Primaria de Salud (APS) de la comuna de La Serena.

Los Montos

El documento incorpora también el Informe Final N° 809/2023 de la Contraloría Regional de
Coquimbo, que determinó pagos improcedentes por aproximadamente $761 millones a 19
personas que no prestaron servicios entre los años 2020 y 2021.

La alcaldesa de La Serena, Daniela Norambuena, reafirmó que esta acción responde a una
convicción clara de transparencia y resguardo del patrimonio público. “Como administración, hemos asumido con total responsabilidad el compromiso de corregir las malas prácticas heredadas y garantizar que cada peso destinado a la salud de nuestros vecinos se utilice correctamente”, sostuvo.

La autoridad dijo esperar que la investigación avance con celeridad.

La ampliación de la querella permitirá incorporar nuevas diligencias solicitadas al Ministerio
Público, entre ellas, la toma de declaraciones a funcionarios y exfuncionarios del área de salud,
con el objetivo de determinar la magnitud del perjuicio y las eventuales responsabilidades
penales.