Funcionarios del Gobierno Regional desmienten a Gobernador y a Consejeros Regionales

En relación al funcionamiento de la institución y el pago de indemnizaciones. Aclaran que esos dineros no afectan al presupuesto ni a la inversión regional y califican de “precaria gestión institucional” a la actual administración.

La Nueva Asociación de Funcionarios y Funcionarias del Gobierno Regional de Coquimbo, emitió una declaración pública donde se refieren a la información de portada publicada por diario El Día, el pasado domingo 22 de junio, titulada “Más de $90 millones ha pagado el GORE por demandas”, con epígrafe “Tras la gestión de exgobernadora Krist Naranjo”.

La bajada de titular señala “Diversas denuncias por maltrato y acoso laboral contra la exgobernadora siguen trayendo problemas a la actual administración del Gobierno Regional. Si bien las autoridades reconocen el derecho de los funcionarios de tomar acciones legales, indican que los recursos cancelados afectan el presupuesto para el desarrollo regional”.

En el cuerpo de la noticia, el gobernador regional, Cristóbal Juliá (IND Evópoli), afirma al respecto que “representa un perjuicio patrimonial, afectando recursos que son de todos los habitantes de la región”.

Por su parte, el consejero regional Francisco Corral (Republicano) señaló que estos pagos “generan un impacto directo a la economía regional y afectan al presupuesto para el desarrollo de proyectos para la región (…) limitando nuevas inversiones y afectando el desarrollo de la región” . También se menciona que desde el Consejo Regional, CORE, existe un compromiso de apoyar al gobernador a “implementar medidas para mitigar los efectos de las indemnizaciones”.

Precaria Gestión y Datos Inexactos

Beatriz Hidalgo, profesional abogado del GORE y miembro de la directiva de la organización, hizo llegar la declaración de los funcionarios a Red Comunales.

En el documento se señala que dichas afirmaciones “sólo se prestan para confundir a la ciudadanía, al utilizar argumentos inexactos, que sólo pretenden justificar la precaria gestión institucional por parte de las autoridades actuales del Gobierno Regional”.

Se indica que las declaraciones vertidas “carecen de rigurosidad y precisión, toda vez que, los recursos utilizados en los pagos que se erogan por concepto de indemnizaciones, provienen del Programa de Funcionamiento del Gobierno Regional, y no del Programa de Presupuesto de Inversión Regional, ya que este último constituye un programa en el cual se administran recursos destinados exclusivamente a la “Inversión” (proyectos, estudios, etc.). En consecuencia, no es concebible aceptar que esto “representa un perjuicio directo al patrimonio regional, afectando recursos que son de todos los habitantes de la región “

Más adelante sostienen que los más de $90 millones de pesos, “fueron pagados durante un período de al menos dos ejercicios presupuestarios anteriores y no en el actualmente vigente (2025). Sólo una acción judicial concluyó con sentencia durante el presente año, y es por la suma de $12 millones de pesos, que hasta la fecha no se ha pagado”, se sostiene.

La declaración de los funcionarios y funcionarias del Gobierno Regional profundiza aún más. Aclaran que “sólo en el denominado Programa de Funcionamiento es donde se administran y se procede a efectuar el pago de las indemnizaciones que ordenan pagar  los Tribunales de Justicia, siendo éste muy distinto con el Presupuesto de Inversión destinado al desarrollo regional.

“Como representantes de la Nueva Asociación de Funcionarios/as del Gobierno Regional de Coquimbo, no permitiremos que siga utilizando la imagen de nuestros integrantes para justificar el porcentaje de ejecución de la inversión de esta actual administración. Fueron tres años en los cuales recurrimos a diferentes instancias para ser respetados y este tipo de reportaje y declaraciones sólo hacen  que los funcionarios afectados vuelvan a re victimizarse además de culparnos de manera indirecta por la baja ejecución presupuestaria actual”, finaliza.