Fiscalía no avanza en investigación por caso “Extorsión” de exgobernadora Krist Naranjo

A más de un año de haberse presentado una denuncia penal ante la Fiscalía Anticorrupción del Ministerio Público, la instancia aún permanece tal como partió: en etapa de “inicio de la acción”, se indica en la causa penal desde el Poder Judicial. Investigación se encuentra bajo reserva.

Fue el 6 de junio de 2024 cuando el diputado Juan Manuel Fuenzalida (UDI) presentó una denuncia formal ante la Fiscalía Anticorrupción por eventuales delitos cometidos por la exgobernadora regional de Coquimbo, Krist Naranjo, tras reunirse unas semanas antes con exfuncionarios que se acercaron a él para comentarle la pesadilla que estaban viviendo y de la inacción del Delegado Presidencial, Galo Luna (PC), quien también recibió la denuncia bajo reserva de identidad.

Se imputaba a la autodenominada ecologista de hacer cobros de dineros a los funcionarios de Gabinete y de las jefaturas de las distintas divisiones, con el fin de financiar anticipadamente una campaña a la reelección, la que finalmente no ocurrió porque no tuvo partido político que la apoyara y luego fue destituida del cargo por faltas graves a la probidad.

La condena administrativa se tradujo en que está inhabilitada para trabajar en el sistema público por cinco años. Sin embargo, en la arista penal, no se ha avanzado pese a que la Contraloría General de la República remitió su propia indagatoria a la Fiscalía, al Consejo de Defensa del Estado y al Servicio Electoral por considerar que existen antecedentes de la ocurrencia de eventuales delitos.

En el documento N° E501754 / 2024, del 17de junio de 2024, es el Contralor Regional Hugo Segovia, quien señala: “Dado que 4 personas declararon que efectivamente la Gobernadora Regional de Coquimbo habría condicionado la entrega de la asignación de funciones críticas a determinados funcionarios del GORE a cambio de un aporte en dinero y que además habría supeditado la continuidad laboral de quienes no aportaran con recursos para una eventual campaña a su reelección, se determinó instruir un procedimiento disciplinario (…) a objeto de investigar tales hechos, por cuanto eventualmente se pudiera configurar una contravención al principio de probidad administrativa”.

Añade que “fueron contestes en reconocer la conducta que se denuncia, esto es, que a contar del mes de agosto del año 2023, la señora Krist Naranjo Peñaloza, Gobernadora Regional de Coquimbo, habría solicitado el aporte de $500.000 a quienes percibían la asignación de funciones críticas, de $50.000 como mínimo en caso de no recibir tal asignación y el mismo monto a las personas contratadas a honorarios, tales como el entonces jefe de gabinete, con la finalidad de recolectar dinero para una eventual campaña a la reelección, agregando en tales declaraciones que aquello se hacía condicionando la permanencia en el servicio a quien no cumpliera con el aporte”.

Modus Operandi

El órgano contralor también se refirió sobre cómo operaba el sistema de recaudación de dineros. “Las anotadas declaraciones coinciden en que la forma de operar consistía en entregar dinero en efectivo a la Administradora Regional, quien actuaba como recaudadora”, situación que calificó de Alta Complejidad.

La declaración de uno de los denunciantes apunta que “la exigencia era pagarle en efectivo para que no quedara evidencia”, pero que hubo ocasiones en que se realizaron transferencias bancarias a la exadministradora regional, como el realizado el 29 de agosto de 2023.

En síntesis, se obligaba a entregar $500 mil mensuales a 4 funcionarios que recibían de forma rotaria $1.000.000 adicional al sueldo desde la discrecionalidad que tiene el cargo de Gobernador respecto a quien otorga el bono por Función Crítica. En tanto, a quienes no le tocaba el beneficio, debían sacar de sus bolsillos $50 mil, incluyendo a honorarios, bajo amenaza de ser despedidos, lo que ocurrió con algunos que se negaron a ser parte de un sistema, a sus juicios, ilícito sufriendo en el intertanto maltratos sistemáticos por parte de la propia Naranjo como, también, de su círculo cercano, incluidas sus secretarias que aún permanecen en el servicio.

“Ella evaluaba y veía los grados de confianza en base al monto del dinero que recibía”, sostiene parte de la declaración.

Lo que se imputa y no avanza

El parlamentario, ya al tanto de los pormenores, entregó los antecedentes en la Fiscalía Anticorrupción, en Santiago, donde se designa al fiscal Carlos Vidal quien tomó declaraciones junto a peritos de la Unidad Anticorrupción de Carabineros. Desde ese entonces, a más de un año, no hay avances en la investigación.

Fuenzalida dijo en su oportunidad que “aquí eventualmente podría haber un delito de defraudación, de malversación de fondos públicos y a diferencia de las otras denuncias, que son administrativas, esta es una acción penal, y con respecto a estos delitos, por ser cometidos por funcionarios públicos, tienen asociadas penas de cárcel que podrían significar reclusión”, señaló.

Causa Bajo Reserva donde se lee que se encuentra en Etapa de Inicio de la Acción.