Defensoría Penal Pública sólo ha representado 25 causas por tráfico de drogas en la región en dos años

Investigación de Red Comunales estableció que la cifra es pequeña ya que el total de causas relacionadas por drogas entre 2024 y 2025 en la región suman 1.320 considerando las distintas tipificaciones para violaciones a la ley N°20.000.

Un total de 25 representaciones a quienes han sido imputados por cometer ilícitos por drogas entre 2024 y 2025 en la región de Coquimbo han sido representados por la Defensoría Penal Pública.

Se trata de delitos tales como Asociaciones ilícitas; Microtráfico tráfico de pequeñas cantidades y Tráfico ilícito de drogas.

En el año 2024 hubo un total de 754 imputados por delitos por ley 20.000. En lo que va este 2025, van 565, según información requerida por Ley de Transparencia.

La Defensoría Penal Pública, establecida por la Ley 19.718, opera a través de un sistema mixto que combina dos modalidades de defensa: los defensores públicos institucionales y los defensores licitados.

¿Cómo funciona la Defensoría Penal Pública?

Los primeros son calidad jurídica contrata que trabajan directamente para la institución,
mientras que los segundos son abogados privados que, a través de una licitación pública,
se adjudican la representación de personas en causas penales.

En caso de que la licitación sea declarada desierta, o de que el número de postulantes aceptados sea inferior al requerido para completar el total de casos licitados, el Defensor Nacional podrá, además, celebrar convenios directos, por un plazo fijo, con abogados o personas jurídicas públicas o privadas que se encuentren en condiciones de asumir la defensa penal de los imputados, hasta que se resuelva la nueva licitación.

Este modelo busca optimizar los recursos y garantizar la cobertura a nivel nacional, asegurando que toda persona que no pueda costear una defensa tenga acceso a un abogado, según se reseña desde la institución.

En el caso de los abogados institucionales de la Defensoría en la Región de Coquimbo, éstos llegan a un número de sólo 8 mientras que defensores licitados o en convenio suman 25. En total, hay 33 abogados institucionales, licitados y en convenio que se desempeñan para la Defensoría Penal Pública de la región.