El Tribunal Electoral Regional destituyó al alcalde de La Serena por notable abandono de deberes

El Tribunal Electoral de la Región de Coquimbo ha acogido el requerimiento de remoción presentado en contra del alcalde de La Serena, Roberto Elías Jacob Jure por parte de concejales. En su fallo, el tribunal determinó que el alcalde incurrió en “notable abandono de deberes” en relación con los cuatro cargos que se le imputaron.

En virtud de lo establecido en la Ley 18.695, artículo 60, letra c), el tribunal ha decretado la remoción inmediata de Roberto Elías Jacob Jure de su cargo como alcalde. Además, se ha dictaminado que Jacob quedará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público durante un periodo de cinco años, a contar desde el momento en que la sentencia sea ejecutoriada.

El alcalde quedará suspendido de sus funciones desde la notificación de la sentencia, mientras que se descarta la aplicación de otras medidas disciplinarias contempladas en la Ley 18.883, debido a que se acogió la petición principal de remoción.

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Este fallo marca un precedente en la gestión pública local y abre un proceso para la búsqueda de un nuevo liderazgo en la Municipalidad de La Serena. El Secretario Municipal debe llamar al Concejo para buscar al reemplazante de la autoridad suspendida dentro de los primeros 10 días desde que se notifica.

Roberto Jacob puede apelar al TRICEL pero queda suspendido de su cargo mientras dure el proceso.

DATOS CLAVES

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No pago de cotizaciones: Se acusa que entre 2016 y 2020 las cotizaciones fueron declaradas, pero no pagadas, lo que generó una gran deuda con las AFP e ISAPRES. Además, la deuda habría aumentado en los años posteriores, superando los $23 mil millones en 2022.

Falta de informes y cuentas públicas: Se le imputa no haber rendido informes trimestrales sobre el estado de la deuda previsional ni haber incluido esta información en las cuentas públicas municipales, lo que constituye una infracción al artículo 67 de la Ley 18.695.

Investigaciones de la Contraloría y Superintendencia: Informes de la Contraloría y la Superintendencia de Educación respaldan las acusaciones, indicando la existencia de una deuda significativa y reiterados incumplimientos de las obligaciones previsionales y de salud por parte del municipio y la corporación.