Fiscalía reformaliza a cuatro imputados por Papaya Gate y cifra en al menos $2 mil millones el perjuicio fiscal

El caso conocido como “Papaya Gate” continúa su desarrollo en tribunales, en la arista de delitos funcionarios y en una jornada que volvió a reunir a los abogados e involucrados en el Tribunal Oral en lo Penal.

La Fiscalía Regional de Coquimbo, a través del sistema SAC, asumió la investigación durante el año 2025 y en la audiencia se reformalizó por fraude al fisco a 4 personas (ex intendenta regional Lucía Pinto, al ex jefe de planificación y desarrollo Diplan del Gobierno Regional José Cáceres, al ex jefe departamento jurídico Eduardo Espinoza y al entonces gerente de las sociedades Guayacán Spa, La Herradura SpA, La Serena SpA, El Faro SpA, Pan de Azúcar SpA y Cerro Grande SpA, todas integrantes del grupo empresarial CPS (Casas por Siempre) al período septiembre 2018 y julio 2020). Se agregó el cargo de negociación incompatible a uno de ellos, el administrador del gobierno regional y jefe de la división de planificación y desarrollo del Gobierno Regional.

La Fiscalía investiga la compraventa de terrenos por un monto de $9.881.663.299 pagado por el Gobierno Regional y que causó un perjuicio patrimonial no inferior a $2.000.000.000 equivalente a la diferencia entre el precio pagado y el que hubiera correspondido de haberse optado por alguna de las alternativas de menor valor que serían conocidas por los imputados.

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El fiscal Eduardo Yáñez explicó los contenidos de la formalización que se efectuó en el Juzgado de Garantía de La Serena, el cual fijó un plazo de 60 días para el término de la investigación. 

“Lo que se hizo hoy día por parte de la Fiscalía fue reformalizar. Eso significa que se precisó la formulación de cargo respecto de los imputados investigados con la finalidad de generar mayor precisión y aclarar la participación de los imputados en este fraude conocido por los medios de comunicación como Papaya Gate. Cabe precisar que en este caso lo que hicimos fue describir el fraude del fisco desde el punto de vista de la negociación incompatible que existía entre el administrador del gobierno regional a la época de los hechos con la parte vendedora del terreno en cuestión, toda vez que el administrador del gobierno regional era a su vez socio de las empresas dueñas del terreno que vendía, cuestión que era de conocimiento de la ex intendenta investigada”, dijo.

“Básicamente ese fue el hecho que se suma y que le da mayor fuerza a la estrategia de persecución de la Fiscalía. Y además también se suma el abogado jefe del departamento jurídico del gobierno regional que en pleno conocimiento de las reiteradas objeciones que hizo la Contraloría General de la República a este contrato, no obstante, formuló un último contrato en el cual atribuyó a las partes unilateralmente la posibilidad de inscribir esta compraventa en el conservador de bienes raíces y retirar los valevistas con el precio, lo que facilitó evidentemente el perjuicio sufrido por el gobierno regional. Como Fiscalía nosotros esperamos que luego de estos 60 días estemos en condiciones ya de tomar una decisión final, digamos, respecto de la estrategia y de poder ya pasar a una siguiente etapa del proceso penal”, agregó.

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Arista Tributaria

En la arista tributaria del caso llamado Papaya Gate, el Juzgado de Garantía de La Serena concedió 20 días más en atención a una diligencia aún pendiente que se trata de un informe del Servicio de Impuestos Internos, el cual debe llegar al Ministerio Público a otros imputados en la causa que no corresponden a la primera arista.

“Bueno, la ampliación fue solicitada por el Ministerio Público por cuanto se encuentra pendiente una diligencia, una respuesta de un oficio que se remitió al Servicio de Impuestos Internos respecto de la declaración de impuestos de los imputados. El plazo de investigación se amplió por 20 días a contar de hoy día, luego de eso debería venir ya el proceso de cierre de la investigación”, dijo el fiscal Freddy Salinas.