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Comisión de libertad condicional de La Serena acoge 10,4% de las solicitudes de internos de la región

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La Comisión de Libertad Condicional de la jurisdicción La Serena analizó, durante seis jornadas, un total de 393 solicitudes, presentadas por el tribunal de conducta de Gendarmería de la región de Coquimbo, correspondiente a internos de los centros penitenciarios de La Serena, Illapel, Ovalle y Vicuña.

El presidenta de la Corte de Apelaciones de La Serena, Sergio Troncoso Espinoza, en su calidad de presidente de la comisión, informó que en esta oportunidad fueron concedidas 41 solicitudes, es decir, un 10,4%, mientras que se rechazaron 352 peticiones (89,6%).

De las 41 solicitudes acogidas, 38 corresponden al centro penitenciario de La Serena, 1 a Illapel y 2 a Ovalle.

El ministro destacó que se analizaron exhaustivamente todas las carpetas, verificando que cumplieran con las exigencias que señala la ley. “En esta oportunidad nos tocó analizar casi 400 casos, 393 exactamente, que es un incremento significativo de lo que hubo el año pasado, incremento que se va dando año a año. De ese total de solicitudes fueron rechazadas cerca de un 90% por estimarse que no se reunían los requisitos necesarios para que los internos pudiesen seguir con el cumplimiento de la pena en el medio libre. Recordemos que la libertad condicional no es que las personas salgan a una libertad plena, sino que es una libertad sujeta a condiciones y seguimiento por parte de Gendarmería”, indicó Troncoso.

En este mismo sentido agregó que: “Si el interno cumple adecuadamente con el beneficio una vez que cumpla el termino original de la pena se extingue su responsabilidad, en casos especiales se puede incluso adelantar ese cumplimiento pero tiene que haber cumplido al menos la mitad del tiempo restante sin que tenga  ningún tipo de falta o reproche. Pero si acaso el interno comete un nuevo delito se revoca el beneficio y debe cumplir tanto la pena que le corresponde por el nuevo delito como la pena que estaba cumpliendo en libertad”, enfatiza el ministro.

La comisión -que cumple funciones como órgano autónomo administrativo y se reúne en abril y octubre de cada año- estuvo presidida por el ministro Sergio Troncos e integrada por las juezas orales Paola Cortés, Eugenia Gorichón y María Inés Devoto; el juez de Garantía Pedro Rojas y la secretaria del tribunal de alzada que actúa como ministra de fe.

Para postular los internos debe cumplir con una serie de exigencias, que se encuentran establecidos en el Decreto Ley N° 321 del año 1925 y entre los requisitos se encuentran: haber cumplido la mitad de la que se le impuso por sentencia definitiva, tener conducta intachable, haber aprendido un oficio si hay talleres donde cumple la condena o mantener una actividad laboral y/o haber asistido con regularidad y provecho a la escuela del establecimiento.

Los condenados que optan al derecho quedan bajo la supervisión de personal especializado de Gendarmería, con la obligación de firmar en el Centro de Apoyo para la Integración Social, CRS, o la unidad más cercana al lugar de residencia.

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