Corte Suprema inicia recepción de pruebas para destituir a Fiscal Regional de Coquimbo

La ministra Mireya López comenzó la audiencia de recepción de prueba en la solicitud de destitución del Fiscal Regional de Coquimbo, Patricio Cooper, interpuesta por una decena de parlamentarios.

La magistrada de la Corte Suprema, Mireya López, comenzó la audiencia de recepción de pruebas ante la solicitud de destitución del Fiscal Regional de Coquimbo, Patricio Cooper. El procedimiento fue iniciado a partir de un requerimiento presentado por 10 diputados, lo que fue admitido por el máximo tribunal.

Durante la jornada se han ingresado las pruebas correspondientes y se otorgará el derecho a defensa del fiscal Cooper, proceso que se prolongará hasta este viernes.

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¿Quién decide?

Será el pleno de la Corte Suprema el que deberá resolver el caso en una audiencia especial convocada exclusivamente para este fin.

Según trascendidos de prensa, los jueces están divididos entre quienes consideran que hay razones suficientes para destituirlo del cargo mientras que otros no consideran de magnitud las acusaciones que se le imputan.

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Lo concreto es que, a la fecha, nunca un fiscal ha sido removido del cargo por parte de la Corte Suprema, pero con este caso, podría cambiar, entendiendo las circunstancias de serios cuestionamientos en el que se encuentra el Poder Judicial.

Solicitud de Destitución

Fueron 10 diputados oficialistas -del PS, FA y PC- los que en marzo pasado pidieron que sea removido de la institución por negligencia manifiesta (incautación a la expresidenta de la Cámara Karol Cariola (PC) cuando estaba dando a luz su primogénito,); También se le acusa de “negligencia manifiesta en el cumplimiento de la obligación de reserva en el ejercicio de la función investigativa”, referida a la filtración de los chats entre la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC) y Karol Cariola (PC), y que nada tenían que ver, por lo demás, con los delitos investigados.

El otro antecedente es que Cooper solicitó intervenir el teléfono del exjefe de asesores de La Moneda, Miguel Crispi (FA), además de querer incautar los teléfonos de la exsenadora Isabel Allende (PS), de la exministra Maya Fernández (PS) y de otros asesores que participaron de la revisión de la fallida compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende. Esto último, no fue permitido por el juez Cristian Azócar, del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.

Adicionalmente, el fiscal Cooper también habría pedido escuchar las conversaciones telefónicas del propio Presidente de la República, Gabriel Boric, lo que supondría un problema de seguridad nacional, según algunos parlamentarios.

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