Papaya Gate: Corte mantiene decisión de no sobreseer a Pablo Bracchitta en causa de fraude al fisco

Luego de la audiencia pública en la segunda Sala de la Corte de Apelaciones de La Serena, la Fiscalía fue informada de la decisión del Tribunal de Alzada que confirmó la decisión del Juzgado de Garantía y rechazó decretar el sobreseimiento en causa investigada a Pablo Antonio Bracchitta Krustulovic uno de los imputados del Caso “Papaya Gate”.

La investigación es conocida por la compra de terrenos por un monto de $9.881.663.299 pagado por el Gobierno Regional de Coquimbo y que causó un perjuicio patrimonial no inferior a $2.000.000.000 equivalente a la diferencia entre el precio pagado y el que hubiera correspondido de haberse optado por alguna de las alternativas de menor valor que serían conocidas por los imputados.

La segunda sala de la Corte fundamentó su decisión en que no se configura el estándar requerido para tener por configurada la hipótesis de sobreseimiento establecida en el Código Procesal Penal.

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Los sentenciadores compartieron íntegramente los argumentos del juez de Garantía.

”La Ilustrísima Corte de Apelaciones rechazó el sobreseimiento definitivo mencionado por uno de los imputados. El Ministerio Público, en sus alegatos de rigor, expuso los antecedentes que justificaban la existencia del delito de fraude a fisco, los que fueron conocidos por la Corte quien determinó rechazar el sobreseimiento y mantener la calidad de imputado”, dijo el fiscal del sistema de Alta Complejidad de la Fiscalía Regional de Coquimbo, Luis Miranda.

La causa conocida como Papaya Gate avanzó hacia una etapa clave luego de la audiencia realizada el 7 de septiembre de 2026, instancia en la que la Fiscalía Regional de Coquimbo reformalizó por fraude al fisco a la exintendenta Lucía Pinto, al exadministrador regional José Cáceres y al empresario Pablo Bracchitta.

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En la misma audiencia, el Ministerio Público formalizó por primera vez al exjefe jurídico del Gobierno Regional (GORE), Eduardo Espinoza.

Tras la diligencia, el tribunal fijó un plazo de 60 días para el cierre de la investigación, periodo destinado a continuar las actuaciones correspondientes antes de que el proceso avance a las siguientes etapas judiciales.

La causa investiga presuntas irregularidades vinculadas al caso Papaya Gate. La formalización constituye una etapa del procedimiento penal y no implica, por sí misma, que exista una condena ni que se haya establecido la responsabilidad penal de las personas imputadas.