La Serena: No más plumilleros, estacionadores ni vendedores ilegales tras aprobación de ordenanza municipal

La medida busca mejorar la sensación de seguridad en diversos puntos transitados de la comuna. El municipio anunció multas y un refuerzo en la fiscalización por parte de Seguridad Ciudadana.

En la última sesión del Concejo Comunal de La Serena se presentó la “Ordenanza sobre maniobras de estacionamiento y otros en Bienes Nacionales de Uso Público”, la cual permitirá fiscalizar y sancionar a quienes realicen limpieza de vidrios, vendan productos de manera ilegal o brinden servicios de estacionamiento en las calles de la comuna.

Esto considera, especialmente, aquellos puntos históricamente señalados como conflictivos,
donde conductores han manifestado temor al recibir estos servicios sin solicitarlos.

“Esta fue una propuesta que hice como concejal y que nunca se había presentado. Estoy contenta de que al fin se apruebe, de manera unánime, y que venga a poner orden frente a las incivilidades que ocurren. Sabemos que esto no resolverá completamente el problema, pero ahora contamos con una herramienta para que nuestros inspectores puedan fiscalizar y, además, proteger y respaldar su accionar”, señaló la alcaldesa Daniela Norambuena.

Qué prohíbe la Ordenanza

La normativa regula diversas acciones en los Bienes Nacionales de Uso Público de administración municipal, incluyendo la venta de productos en cruces y el servicio de limpieza de vidrios y parabrisas de vehículos. También prohíbe ofrecer apoyo u orientación en maniobras de estacionamiento, así como el cuidado o vigilancia de vehículos. De igual forma, se impide la venta de productos en cruces, salvo a quienes cuenten con permisos municipales, y la limpieza de vidrios a cambio de dinero.

“En el marco jurídico no existía una normativa específica, y las instituciones necesitan precisamente un instrumento que regule estas situaciones, lo que les permitirá fiscalizar y controlar. Esta ordenanza es muy relevante, ya que permitirá conformar equipos de fiscalización que comenzarán con una labor educativa”, explicó Gonzalo Arceu, director de Seguridad Ciudadana.

Agregó que esta medida también permitirá generar un catastro de las personas que realizan estas actividades, muchas de ellas en situación migratoria irregular.

La fiscalización de esta ordenanza estará a cargo de inspectores municipales, quienes podrán trabajar en conjunto con Carabineros o la PDI.

Las sanciones irán desde 1 a 5 UTM, es decir, entre $69.542 y los $347.710, según lo establecido en la Ley N° 18.695. La normativa entrará en vigencia una vez publicada en la página web municipal.